Por B. Rojas.
A la presidenta de la Comunidad de Madrid le parece importantísimo defender la propiedad privada. Tanto, que está dispuesta a dedicar todos los recursos a su alcance a combatir los decretos de vivienda aprobados por la Diputación Permanente.
La propiedad privada, por encima del derecho a una vivienda digna. Los intereses particulares, por encima de las necesidades de la ciudadanía. Porque parece que Isabel Díaz Ayuso ha olvidado algo fundamental: no gobierna para defender exclusivamente los intereses privados, ni para actuar como abogada de quienes más tienen. Gobierna una comunidad autónoma y tiene responsabilidades públicas que cumplir. Su obligación es trabajar por el bienestar de quienes viven en ella, no convertir cada problema social en una oportunidad para librar una batalla ideológica. Y mientras ella se moviliza para combatir medidas destinadas a afrontar la crisis de la vivienda, miles de madrileños viven con la angustia de no poder pagar un alquiler, de tener que destinar una parte desproporcionada de sus ingresos a un techo o de no saber dónde podrán vivir mañana. Jóvenes que no pueden emanciparse, familias que viven al límite y trabajadores que, aun teniendo empleo, no pueden permitirse una vivienda en la comunidad donde trabajan.
¿De verdad no es consciente de la magnitud del problema de la vivienda en la comunidad que gobierna? ¿O es que considera que proteger la propiedad privada consiste en mirar hacia otro lado cuando el acceso a una vivienda se convierte en un privilegio y no en una posibilidad real? Su modelo de gestión, además, no se limita a la vivienda. Ahí están las dificultades de acceso a la sanidad pública, el deterioro de los servicios públicos, la situación de la enseñanza y las denuncias sobre la gestión de las residencias. Una y otra vez, la defensa de lo privado parece ocupar el centro de su agenda, mientras lo público, que debería garantizar derechos y oportunidades, queda relegado a un segundo plano. No se trata de negar el derecho a la propiedad privada. Se trata de entender que ningún derecho puede utilizarse como excusa para desentenderse de las obligaciones de un Gobierno. Y que defender la propiedad no exime de garantizar que la ciudadanía pueda acceder a una vivienda digna. Esta señora —porque algún calificativo habrá que encontrar para semejante manera de entender la política— parece no conocer límites cuando se trata de combatir medidas que no encajan con su ideología. La vergüenza política debería consistir, precisamente, en reconocer que hay problemas que exigen soluciones, no guerras partidistas. Pero hay algo todavía más preocupante: quienes la defienden sin exigirle responsabilidades, quienes justifican cada decisión y quienes confunden la lealtad política con dar por bueno todo lo que hace. Porque ningún dirigente debería estar por encima de la crítica, y ningún votante debería renunciar a exigir resultados a quien gobierna.
Va siendo hora de explicar, una y otra vez, cuáles son las competencias y las responsabilidades de cada Administración. El Gobierno central tiene las suyas; las comunidades autónomas, las suyas; y los ayuntamientos, las suyas. Ni todo es competencia de Madrid, ni todo es competencia del Gobierno central.
Cada Administración debe responder por aquello que le corresponde. Basta ya de utilizar las competencias ajenas como cortina de humo mientras se eluden las propias. Gobernar no consiste en elegir qué intereses privados defender con más entusiasmo. Gobernar consiste en asumir responsabilidades, garantizar derechos y ofrecer soluciones. Y a quien gobierna Madrid hay que exigirle que gobierne para la ciudadanía, no que convierta las instituciones públicas en una trinchera permanente contra cualquier medida que pretenda poner límites a los intereses del mercado.
