El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por José Luis Martínez-Almeida, ha aprobado definitivamente el plan especial que permite al duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart, transformar dos edificios de oficinas en los números 22 y 24 de la calle Princesa en 66 apartamentos turísticos. La operación, que sale adelante con los votos del PP, ha estado marcada por la polémica después de que una inspección municipal ordenara el cierre inmediato de trece de las quince empresas que aún ocupan los inmuebles, en plena negociación con los arrendatarios para que abandonen sus contratos.
El proyecto, situado a escasos metros del Palacio de Liria y de la Plaza de España, contempla una inversión superior a los 5,6 millones de euros y prevé una facturación anual de aproximadamente dos millones de euros, según el estudio económico presentado al consistorio. Los edificios, construidos en la década de 1940 y con las fachadas protegidas, albergarán 46 apartamentos de dos dormitorios y 20 de tres, sumando 152 plazas hoteleras en una zona ya saturada por la oferta turística.
La gestión del nuevo negocio ha sido cedida a Copla City Rentals, una sociedad vinculada al fondo Etesio Capital, que según diversas informaciones está liderado por José María Aznar Botella, hijo del expresidente del Gobierno, junto a los socios Mariano Rodríguez de Barutell y José María Xercavins. Esta empresa fue la encargada de negociar con los inquilinos su salida del edificio, unas conversaciones que, según fuentes conocedoras, se estancaron en marzo.
El punto más controvertido del proceso llegó el pasado 10 de abril, cuando una inspectora municipal se personó en los inmuebles y constató la presencia de quince empresas. En su informe, la funcionaria propuso el «cese inmediato de todas las actividades ejercidas sin título habilitante» para trece de ellas, lo que días después se tradujo en órdenes de cierre efectivas. Las empresas afectadas denuncian la celeridad del procedimiento: «No se nos da tiempo para nada: diez días para reaccionar», señaló una de las fuentes consultadas, que también criticó que se enteraron «por la prensa» de los planes del duque.
Desde el entorno del aristócrata niegan que él haya solicitado la inspección y aseguran que el procedimiento se ha llevado a cabo con «máximo cumplimiento de la legalidad». Sin embargo, la oposición en el Ayuntamiento ha cuestionado la coincidencia temporal. El socialista Antonio Giraldo ironizó durante el pleno: «Cuando el gran duque quiere cambiar el uso de sus edificios, sorpresa, aparece un inspector». Más Madrid y PSOE votaron en contra de la operación, argumentando que profundiza en un modelo de ciudad «turistificado» y expulsa actividad económica y vecinos del centro.
La aprobación del plan especial se produce apenas unas semanas después de que Almeida anunciara la suspensión de nuevas licencias para viviendas de uso turístico en la capital, una medida que, sin embargo, no afecta a los proyectos que ya estaban en tramitación, como es el caso de los edificios de la calle Princesa. La operación del duque de Alba se suma así a la creciente conversión de inmuebles residenciales y de oficinas en alojamientos turísticos en el distrito Centro, un fenómeno que ha generado un intenso debate político y social sobre el futuro de la vivienda en Madrid.
