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El Gobierno fuerza el debate de dos decretos de vivienda en el Congreso mientras los acampados en Sol prometen no marcharse hasta el viernes

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El Gobierno español aprobó este martes en Consejo de Ministros extraordinario dos reales decretos-ley sobre vivienda que se debaten y votan con carácter urgente en el Congreso este viernes, 2 de octubre. Sin embargo, el Ejecutivo ha optado por separar en un segundo decreto la medida con menos apoyos parlamentarios —la renovación automática de los contratos de alquiler—, una decisión ampliamente interpretada como una maniobra política: salvar las medidas centrales de vivienda y dejar que la disposición conflictiva afronte sola un destino parlamentario incierto.

Publicación en el BOE hoy, un decreto central de amplio alcance

El primer decreto —el más amplio (Real Decreto-ley 26/2026)— se publica hoy, 30 de septiembre, en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Incluye un paquete de medidas urgentes de vivienda: prohibir la compra especulativa por parte de fondos buitre hasta 2028; suspender los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030; regular los alquileres de temporada y de habitaciones para cerrar las grietas de la Ley de Vivienda; aplicar un IVA del 10% a los pisos turísticos; ofrecer préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros para la primera vivienda; y establecer incentivos fiscales para los arrendadores que bajen las rentas, entre otras medidas.

El Gobierno subraya que se trata de un conjunto de medidas «estructurales» destinadas a proteger la función social de la vivienda y a cumplir el mandato del artículo 47 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna.

El segundo decreto: la renovación automática como «isla política»

Lo que ha desatado la tormenta política es el segundo decreto, separado del primero, cuyo contenido central es el mecanismo de renovación automática de los contratos de alquiler. Según este mecanismo, siempre que el inquilino pague puntualmente la renta y el arrendador o sus familiares directos no necesiten recuperar la vivienda para uso propio, el propietario no puede poner fin unilateralmente al contrato. El diputado de Compromís (Sumar) Alberto Ibáñez lo comparó en una entrevista televisiva con «el despido improcedente en el ámbito de la vivienda», y afirmó que «si la libertad de despedir es un acto de barbarie inaceptable en este país, la libertad de desahuciar tampoco debería serlo».

Sin embargo, es precisamente esta cláusula la que ha provocado divisiones en el seno del Gobierno. Fuentes de Moncloa admiten que la medida es «más novedosa», que su negociación con los grupos parlamentarios ha sido «insuficiente» y que fue introducida principalmente por Sumar en la fase final, inspirada en las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas. El Ejecutivo decidió finalmente separarla para no arrastrar consigo las medidas centrales, ya pactadas preliminarmente con Junts, ERC, PNV y Bildu. Fuentes de Moncloa señalan que la decisión responde a la voluntad de «no arriesgar las medidas ya negociadas».

Desde el sector de Sumar, la información es más directa: reconocen que la cláusula de renovación automática tiene un «menor grado de negociación» con los grupos políticos del Congreso, pero confían en que obtenga suficientes apoyos en la votación del viernes. Ibáñez también admitió en la entrevista que el segundo decreto es «muy complejo» y que no está seguro de que Junts o PNV lo respalden.

El campamento de Sol: no se marchan hasta que termine la votación del viernes

En la Puerta del Sol, a solo veinte minutos a pie del Congreso, el ambiente del campamento no se ha calmado pese a la aprobación de los decretos. Desde que el sábado pasado Maricarmen Abascal fuera obligada a abandonar el piso en el que vivió 70 años, la ocupación impulsada por el Sindicato de Inquilinas se ha prolongado durante cuatro noches, con más de mil participantes.

Varios participantes del campamento han declarado a este diario que nadie se marchará antes de que concluya la votación parlamentaria del viernes. Tienen previsto «vigilar a cada diputado que vote en contra» —tanto del Gobierno como de la oposición— el día de la votación. Irene, una joven de 21 años, explica que viaja cada día cuatro horas desde Torrejón a Somosaguas porque no puede permitirse un alquiler cerca de la universidad: «Mi familia está orgullosa de mí, esto es importante».

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Recu, dejó claro en la asamblea multitudinaria del martes que la aprobación del decreto «no es el final»: «Si alguien cree que el objetivo es solo ese real decreto, no ha entendido nada». Anunció una nueva ronda de manifestaciones en todo el país este fin de semana y, por primera vez, planteó la perspectiva de una «huelga general».

La aritmética del viernes

El Congreso vota ambos decretos en sesión plenaria el viernes. El primer decreto tiene una perspectiva relativamente favorable: Moncloa calcula que bastaría con que Junts y Podemos —uno a favor y otro abstención—, sumados a ERC, Bildu, PNV, Coalición Canaria y BNG, permitan su aprobación. La verdadera incógnita es el segundo decreto, que contiene únicamente la renovación automática. El Gobierno admite que «no controla con precisión la posición de todos los grupos», pero confía en que la sensibilidad social del problema de la vivienda se traduzca en presión política. Una fuente gubernamental declaró a los medios: «No hay razones para votar en contra».

Los acampados en Sol, desde luego, no tienen intención de dejar a los diputados sin esa presión. Sus tiendas y pancartas siguen en la plaza, y el resultado de la votación del viernes —el fracaso de cualquiera de los dos decretos— puede convertirse en el punto de partida de una nueva escalada.

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