Derechos Sociales pone el foco en las grandes inmobiliarias

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, ha abierto un expediente sancionador a una gran inmobiliaria que gestiona «miles de viviendas» en varias comunidades autónomas de España por la presunta imposición de cláusulas abusivas a sus inquilinos.

La investigación, cuyos resultados ha hecho públicos este jueves el departamento, ha detectado cuatro potenciales infracciones graves en los contratos de alquiler de esta compañía, cuya identidad no ha sido revelada al encontrarse el procedimiento en una fase inicial.

Las prácticas bajo la lupa de Consumo

Según la nota de prensa del Ministerio, la inmobiliaria habría estado obligando a los arrendatarios a contratar un seguro de impago, así como incluyendo una penalización «desproporcionada» por cada día de retraso en la entrega de las llaves al finalizar el contrato.

Además, el expediente señala la incorporación de una cláusula que impone al inquilino gastos injustificados relacionados con los suministros de la vivienda y su cambio de titularidad, así como una cláusula de reconocimiento de negociación individualizada en un contrato de adhesión.

Posibles sanciones

Cada una de estas prácticas podría ser calificada como cláusula abusiva, lo que conllevaría multas de hasta 1.000.000 de euros por infracción, o entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido . No obstante, fuentes de la Dirección General de Consumo han recordado que «la iniciación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación».

Antecedente: multa millonaria a Alquiler Seguro

Esta actuación se enmarca dentro de una campaña de lucha contra los abusos en el mercado del alquiler. El pasado mes de abril, el ministerio ratificó una multa firme de 3,6 millones de euros contra la inmobiliaria Alquiler Seguro.

En aquel caso, se demostró que la empresa cometió seis infracciones muy graves y una grave, aprovechando su posición de predominio para cargar a los inquilinos gastos de gestión y seguros que por ley corresponden al propietario, así como incluir indebidamente a los arrendatarios en ficheros de morosos.