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Cinco países europeos acuerdan crear campos para migrantes en terceros países y invocan la legalidad como hace 80 años

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Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos han formalizado este lunes en Viena un acuerdo con el Gobierno de Ruanda para crear el primer centro de deportación de la Unión Europea fuera de sus fronteras. El proyecto, que comenzará como prueba piloto en 2027 con unas 100 plazas, enviará a adultos sin cargas familiares cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas y que no puedan ser devueltos a sus países de origen.

La medida se ampara en el Reglamento de Retornos aprobado por la UE el pasado 1 de octubre, que contó con el único voto en contra de España y la abstención de Bélgica. Bruselas ha bendecido la iniciativa: un portavoz de la Comisión Europea afirmó que «valoramos positivamente los esfuerzos realizados» y que el proyecto cumple con los estándares internacionales.

Sin embargo, la elección de Ruanda ha despertado alarmas. Human Rights Watch advierte que el país africano mantiene «un historial bien establecido de represión de la disidencia, detención arbitraria y malos tratos» y que pagar a Kigali por acoger deportados financiaría a «un Gobierno responsable de graves abusos contra los derechos humanos» . El Consejo de Europa ya había alertado en julio de que estos centros plantean «riesgos considerables para los derechos humanos».

El canciller austríaco, Christian Stocker, presentó el acuerdo como «un cambio de paradigma verdaderamente histórico en la política migratoria». La premier danesa, Mette Frederiksen, añadió que el mensaje es claro: «no puedes entrar en la UE de forma ilegal y quedarte».

Para España, el riesgo político es doble. Por un lado, el país ha quedado fuera del grupo motor de esta política y votó en contra de la norma que la hace posible. Por otro, la llegada al Gobierno de una coalición de extrema derecha podría revertir esa postura y alinear a Madrid con el bloque de países que externalizan el control migratorio, comprometiendo su historial en derechos humanos.

La comparación histórica que planea sobre este debate no es retórica. Hace poco más de 80 años, la Alemania nazi utilizó la legalidad vigente para crear guetos y campos de concentración. Hoy, la legalidad europea sirve para construir centros de deportación en un país con el que los afectados no tienen vínculo alguno. La pregunta sigue siendo la misma: ¿basta la ley para hacer justa una medida?

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