El Gobierno ha aprobado una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que pasará a los 1.286 euros mensuales. Con esta medida, el SMI acumula un incremento superior al 75% desde que el centro-izquierda llegó al poder, consolidando una política de revalorización que sitúa a España entre los países europeos con mayor crecimiento del salario base en los últimos años.
La subida, además, llega acompañada de una medida fiscal destacada: los trabajadores que perciban el salario mínimo quedarán exentos de pagar el IRPF. De este modo, el incremento salarial no se verá absorbido por la tributación y los perceptores del SMI recibirán el importe íntegro de la subida. El Ejecutivo justifica la decisión en la necesidad de proteger el poder adquisitivo de las rentas más bajas en un contexto de inflación acumulada que ha golpeado especialmente a los hogares con menos recursos.
Desde el ala social del Gobierno se subraya que esta nueva revalorización responde a un compromiso electoral y a una evidencia económica: elevar el salario mínimo estimula el consumo, reduce la pobreza laboral y mejora la productividad de las empresas al aumentar la motivación y reducir la rotación de plantilla. Asimismo, recuerdan que las subidas anteriores no han destruido empleo, sino que han coincidido con récords de afiliación a la Seguridad Social.
La oposición, sin embargo, ha reaccionado con dureza. El Partido Popular ha reiterado su postura de que el salario mínimo debe subirse únicamente cuando exista un acuerdo entre sindicatos y patronal. Traducido a lenguaje llano, y teniendo en cuenta que la patronal nunca quiere subir el salario mínimo, esta condición equivale en la práctica a no subirlo nunca. La formación popular y Vox han quedado así retratadas al servicio de los intereses de la patronal, priorizando el criterio empresarial sobre la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores.
Los sindicatos han celebrado la medida, aunque reclaman un calendario de subidas que garantice la convergencia con el salario medio europeo. Las organizaciones empresariales, por su parte, han advertido de posibles efectos sobre la contratación en sectores intensivos en mano de obra, aunque los datos de los últimos ejercicios desmienten ese temor. Y es que las empresas españolas acumulan beneficios récord en los últimos años, con márgenes que han crecido por encima de los salarios. Sin embargo, de su parte nunca sale repartir esos beneficios con los trabajadores: las subidas salariales solo llegan cuando el Gobierno las impone por ley, nunca por iniciativa empresarial.
Con esta nueva subida, el Ejecutivo cierra el ciclo de revalorizaciones más ambicioso de la democracia reciente. La medida beneficiará directamente a más de dos millones de personas y tendrá un efecto indirecto sobre las bases salariales de convenios colectivos y sobre las prestaciones vinculadas al SMI. El Gobierno insiste en que la política salarial seguirá ligada a la evolución del coste de la vida y anuncia que estudiará nuevas fórmulas de exención fiscal para las rentas más bajas en los próximos presupuestos.
La aprobación del decreto llega en un clima político tenso, con la oposición acusando al Ejecutivo de actuar por decreto y sin diálogo social suficiente. El Gobierno responde que el diálogo existe, pero que no puede quedar rehén de una patronal que, por definición, nunca acepta subidas del salario mínimo. La subida ya está en vigor y los trabajadores la notarán en la próxima nómina.





