Lidia Bedman, influencer y pareja del líder de Vox, Santiago Abascal, es beneficiaria del bono social térmico, una ayuda pública destinada a familias vulnerables para hacer frente a los gastos de calefacción. Según una investigación de infoLibre, la Comunidad de Madrid le concedió el pasado mes de mayo un pago de 210,71 euros correspondiente al ejercicio de 2025. El acceso a esta prestación se produjo por su condición de familia numerosa, título que obtuvo tras el nacimiento de su tercer hijo en común en julio de 2024, y que permite beneficiarse de determinadas ayudas energéticas sin un límite general de ingresos.
La concesión es legal conforme a la normativa vigente, aunque contrasta con la situación económica de la pareja. Bedman, que cuenta con más de 300.000 seguidores en Instagram y ha lanzado su propia marca de ropa, habría percibido hasta 63.600 euros anuales de Editorial Ivat SL, una mercantil vinculada al grupo Intereconomía, por servicios de consultoría de redes sociales y marketing desde 2019. Bedman negó en su momento haber facturado «nunca» al Grupo Intereconomía, aunque no ha aclarado la relación con la citada editorial.
Por su parte, Santiago Abascal declaró en 2023 ingresos de 55.357,80 euros anuales por sus responsabilidades orgánicas y parlamentarias, y en 2026 percibe 61.591,18 euros brutos como diputado por Madrid. Fuentes de Vox no han confirmado ni desmentido que Bedman haya recibido la subvención, pero sostienen que «si lo ha pedido y recibido está en su derecho», al tiempo que se reservan la posibilidad de emprender acciones legales si se considera que se pretende «difamar o calumniar a una mujer que no está en política».
El caso ha reavivado el debate sobre el acceso de familias con ingresos elevados a ayudas diseñadas para hogares en situación de vulnerabilidad energética. La normativa permite a las familias numerosas obtener el bono social eléctrico —y, de forma automática, el térmico— sin aplicar el límite general de renta que se exige a otros solicitantes. Salvo renuncia expresa, Bedman también disfrutaría del bono social eléctrico, que implica una rebaja del 42,5% en la factura de la luz, mientras que un hogar con un solo hijo menor tendría que acreditar ingresos inferiores a 16.800 euros anuales para acceder a la misma ayuda.
La situación coincide con el discurso público de Vox, formación que ha cuestionado reiteradamente las subvenciones y ha utilizado el término «paguitas» para referirse a determinadas prestaciones sociales. El propio Abascal ha defendido en intervenciones recientes la necesidad de revisar ayudas directas al considerar que los españoles necesitados quedan en desventaja frente a los inmigrantes. La ministra de Transición Energética, Sara Aagesen, se comprometió a incluir requisitos de renta para corregir este vacío normativo en la próxima Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, aunque el cambio todavía está pendiente de aplicación.





