Por B. Rojas
Apoyándose en una normativa de hace más de quince años, aprobada en 2011, la señora Ayuso aplica su particular concepto de “prioridad regional” y pone en práctica una medida que, en la práctica, dificulta o directamente impide obtener el abono transporte a quienes no están empadronados en la Comunidad de Madrid. La decisión resulta difícil de entender desde una perspectiva de movilidad moderna. En numerosas ciudades y regiones del mundo, los abonos de transporte están diseñados para facilitar los desplazamientos de todas las personas que utilizan el servicio, independientemente de dónde estén empadronadas.
El objetivo es fomentar el uso del transporte público, reducir el tráfico, disminuir la contaminación y favorecer la actividad económica. Sistemas de transporte en grandes áreas metropolitanas de Europa, América o Asia funcionan bajo esta lógica: cuanto más sencillo sea acceder al transporte público, mayores serán los beneficios para toda la sociedad. Por eso resulta incongruente levantar barreras administrativas en un servicio que debería caracterizarse precisamente por la accesibilidad. Quienes estudian, trabajan o desarrollan su vida cotidiana en Madrid contribuyen al funcionamiento de la región y utilizan una red de transporte que, en buena medida, se sostiene con recursos públicos destinados a garantizar la movilidad. Sin embargo, la sensación que transmite esta medida es que responde más a una estrategia política que a una necesidad real de gestión. Se busca lanzar un mensaje identitario, dividir entre quienes pertenecen y quienes no, y convertir un servicio público en una herramienta de confrontación. Es una forma de hacer política que apela a determinados sectores del electorado y que pretende obtener rentabilidad electoral a partir de problemas que podrían resolverse con criterios de eficiencia y sentido común. Pero el problema va más allá del transporte.
Existe una creciente percepción de que determinados poderes e instituciones operan con una enorme capacidad de influencia, independientemente del resultado de las urnas. Medios de comunicación afines, estructuras institucionales, órganos de control y otros espacios de poder contribuyen a consolidar una situación que muchos ciudadanos consideran desequilibrada e injusta. La política se convierte entonces en espectáculo, en propaganda permanente y en una sucesión de relatos donde la realidad queda relegada a un segundo plano. Y quizá lo más preocupante sea la resignación.
La capacidad de normalizar decisiones cuestionables, de aceptar contradicciones evidentes y de asumir como inevitables determinadas dinámicas políticas. Porque cuando una sociedad se acostumbra a tragar con todo, la exigencia democrática se debilita y la rendición de cuentas pierde fuerza. Mientras tanto, queda seguir soportando medidas que generan más división que soluciones, más titulares que respuestas y más confrontación que bienestar colectivo.
