El Congreso de los Diputados ha convalidado este miércoles el real decreto ley de medidas de apoyo a Ceuta, que prevé movilizar 309 millones de euros, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo Vox, que ha votado en contra, y Junts, que se ha abstenido. La norma, que seguirá su tramitación como proyecto de ley, recoge también nuevas bonificaciones fiscales permanentes a la contratación y en IRPF y Sociedades.
La regulación ha recibido 304 votos a favor, 33 en contra y 7 abstenciones. El vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha calificado el texto como «clave» para dar pasos que permitan «devolver Ceuta a la normalidad» durante su defensa en la Cámara Baja.
El real decreto incluye medidas para movilizar 309 millones de euros en lo que queda de año, destinados principalmente a menores y atención humanitaria (118 millones), seguridad (90 millones) y ayudas a empresas y trabajadores (80 millones), entre otras partidas. Dentro de esta última, la norma crea un fondo de 36,6 millones en ayudas directas para autónomos y empresas —5.000 euros para autónomos y entre 10.000 y 150.000 para empresas—, gestionado por la Agencia Tributaria, que desde este lunes ha recibido 633 solicitudes, según ha avanzado Cuerpo, quien espera que se empiecen a abonar el 6 de octubre.
Además, la norma destina 14 millones a revitalizar el pequeño comercio y el sector turístico, con medidas como un bono al consumo, y, en materia laboral, ofrece la posibilidad de solicitar un ERTE con exenciones del 100 % para las empresas que hayan visto interrumpida su actividad, prestaciones extraordinarias por cese de actividad y aplazamiento de cuotas al 0,5 %.
Asimismo, aprueba medidas permanentes que también se aplicarán a Melilla: una subida del 50 % al 75 % de la bonificación por contratación indefinida, un aumento del 50 % al 60 % de las bonificaciones en el impuesto de sociedades para entidades residentes y mayores facilidades para que los autónomos se deduzcan los gastos de difícil justificación en el IRPF.
Por otro lado, el Congreso, con los votos del PP, Vox, Junts y UPN, ha tumbado el decreto sobre lobbies, una norma que pretendía controlar la presión de las empresas para cambiar leyes y ser beneficiadas por modificaciones legales. Esta regulación buscaba dotar de transparencia a las relaciones entre los grupos de interés y los poderes públicos, un mecanismo presente en la mayoría de democracias europeas y que habría permitido conocer quién influye y cómo en la elaboración de las normas.
Con estas votaciones, Vox vuelve a situarse en el lado opuesto a los intereses de la mayoría: rechaza unas ayudas urgentes para Ceuta que beneficiarán a menores, trabajadores, autónomos y empresas de la ciudad autónoma, y bloquea junto a PP, Junts y UPN una ley que habría arrojado luz sobre las prácticas de presión empresarial en el ámbito legislativo. Una vez más, el partido de Santiago Abascal evidencia su estrategia de oposición sistemática, votando en contra de medidas que cuentan con un amplio respaldo parlamentario y social, y alejándose de las necesidades reales de la ciudadanía.
