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Jefes del Ramón y Cajal manipularon a espaldas de los cirujanos la prioridad de 57 pacientes para maquillar las listas de espera

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Una práctica que atenta directamente contra la seguridad de los enfermos y contra la ética más elemental de la medicina se ha instalado en el corazón del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, uno de los buques insignia de la sanidad pública de la región. Dos responsables del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología ordenaron, entre el 28 de febrero y el 14 de marzo, rebajar la gravedad de 57 pacientes que aguardaban una operación. Pasaron de la prioridad preferente —reservada a quienes deben ser intervenidos en menos de 90 días— a la normal, lo que puede dilatar su espera hasta nueve meses. No se avisó a los médicos. Nadie revisó los casos. Los cambios se ejecutaron directamente en el sistema informático, sin examinar a los enfermos y a espaldas de los cirujanos que habían decidido, con criterios clínicos, que esas personas no podían esperar.

La maniobra perseguía un objetivo inconfesable: cuadrar los tiempos de quirófano para que los pacientes entraran dentro del plazo y, de ese modo, cumplir con los objetivos de productividad que impone la Consejería de Sanidad. Es decir, maquillar las listas de espera. La sospecha de que estas cifras se manipulan recorre desde hace años la sanidad española, porque de ellas dependen incentivos electorales —se publican cada mes en Internet— y también económicos, ya que los cargos con responsabilidad cobran bonos si alcanzan las metas fijadas. Pero que la manipulación se ejecute de forma tan burda, alterando el ordenador sin tocar al paciente y sin consultar al especialista, supone un salto cualitativo en la degradación del sistema.

El relato de una de las médicos afectadas estremece. Cuando pidió explicaciones a uno de los responsables, este le respondió que evitaran anotar a los pacientes como preferentes para engañar al sistema. La doctora lo ignoró y cambió en su ordenador la prioridad de una niña que, según sus palabras, «no podía esperar porque podía perder una pierna». Esa niña, y los otros 56 afectados, quedaron a merced de una decisión administrativa tomada por encima de la evidencia clínica, sin evaluación personal y sin dejar rastro en la historia de cada enfermo.

Los hechos han sido denunciados a la comisión deontológica del Colegio de Médicos. No estamos ante un simple error de gestión ni ante una irregularidad burocrática menor. Estamos ante la instrumentalización de la salud de personas vulnerables para sostener una estadística. Cada día que un paciente preferente pasa a normal es un día robado a su pronóstico, a su calidad de vida, a veces a su posibilidad de recuperarse. Si la prioridad clínica puede cambiarse desde un despacho a espaldas de quien diagnostica, entonces la lista de espera deja de ser un instrumento de justicia sanitaria para convertirse en un decorado. La Consejería de Sanidad de Madrid y el propio hospital tienen la obligación ineludible de esclarecer los hechos, depurar responsabilidades y garantizar que ningún enfermo vuelva a ser reordenado en un ordenador como si fuera una cifra. La sanidad pública madrileña no puede permitirse ni un solo caso más de esta vergüenza.

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