Fin de semana de manifestaciones por una vivienda digna

El clamor popular por una vivienda digna volvió a estremecer este fin de semana el centro de Madrid. Miles de personas, convocadas por el Sindicato de Inquilinos e importantes organizaciones sociales, desbordaron el domingo la emblemática Plaza de Atocha para exigir al gobierno medidas «reales e inmediatas» que pongan fin a la escalada de precios que expulsa a los ciudadanos del centro de las ciudades.

Bajo el lema «La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios», la manifestación no fue un hecho aislado. Este estallido social marcó el pistoletazo de salida de una «primavera de movilizaciones» que se extenderá hasta finales de junio por al menos una decena de ciudades españolas, incluyendo Barcelona, Valencia y Zaragoza .

«No es un problema de mercado, es un problema de derechos»

El ambiente en la capital era de indignación contenida. La Policía Municipal cifró los asistentes en decenas de miles, aunque los organizadores elevaron la cifra a más de 100.000. Profesores, jóvenes y familias enteras coreaban consignas contra la turistificación y los fondos de inversión.

«El gobierno dice que toma medidas, pero la realidad es que los propietarios nos mandan cartas de desahucio para alquilar a mayor precio», denunciaba Fernando de los Santos, profesor universitario de 36 años y portavoz del sindicato de inquilinos, visiblemente afectado .

Los datos respaldan la furia social. Según Eurostat, el coste de la vivienda en España se disparó casi un 13% en el último año. El Banco de España advierte de un déficit de 700.000 viviendas, un desajuste brutal entre la oferta y la demanda que ha convertido el acceso a un hogar en un lujo para las nuevas generaciones.

Fracaso político en el peor momento

La protesta se convirtió en un serio revés para el presidente Pedro Sánchez, quien ve cómo uno de sus principales caballos de batalla se le vuelve en contra de cara a las elecciones de 2027. Apenas un mes antes, el Ejecutivo aprobó un ambicioso plan de 7.000 millones de euros para construir vivienda pública . Sin embargo, la sensación de urgencia choca con la realidad legislativa.

Hace apenas unas semanas, el Congreso tumbó un decreto que pretendía congelar temporalmente el precio de los alquileres. La falta de apoyo parlamentario ha dejado al gobierno en una posición débil, mientras los sindicatos CC OO y UGT exigen una intervención «urgente» para poner coto a los pisos turísticos y a los grandes tenedores.

«Hace falta valentía. España lidera el crecimiento en Europa, pero la vivienda sigue siendo un bien de mercado y no un derecho constitucional», sentenciaba Unai Sordo, secretario general de CC OO, presente en la manifestación.

Mientras los políticos negocian, la calle ha hablado. La crisis de los alquileres ya no es una estadística: es la principal preocupación de una generación que ve imposible emanciparse y un motivo de lucha interclasista que promete seguir llenando las plazas las próximas semanas.