El Estatuto del Becario llega para poner freno a los abusos que han convertido a 1,7 millones de personas en trabajadores precarios sin derechos Durante años, hemos normalizado una realidad distópica: jóvenes universitarios haciendo cafés para toda la oficina, técnicos recién titulados archivando documentos sin aprender nada, estudiantes de FP realizando las mismas tareas que un empleado senior pero sin sueldo ni protección. Este martes, el Consejo de Ministros ha dado el primer paso para enterrar ese modelo de explotación institucionalizada.
El anteproyecto del Estatuto de las Personas en Formación Práctica, más conocido como Estatuto del Becario, supone un terremoto en las relaciones laborales que afecta a uno de cada diez trabajadores en España. La vicepresidenta Yolanda Díaz lo ha definido sin tapujos: se trata de «delimitar claramente lo que es la formación en España». O lo que es lo mismo, dejar de permitir que las empresas usen a los becarios como mano de obra barata para sustituir puestos de trabajo que deberían ser remunerados. Detrás de esta batalla semántica hay una lucha de clases generacional. Porque no hablamos solo de estudiantes de veinte años: el 22% de las personas en prácticas supera la treintena, atrapadas en un limbo de precariedad que les impide emanciparse y proyectar su vida.
La norma establece por primera vez derechos básicos que hasta ahora parecían un lujo para este colectivo: compensación por gastos, vacaciones retribuidas, protección frente al acoso y, algo fundamental, la prohibición de que las tareas asignadas sustituyan las funciones de un trabajador. Además, limita el porcentaje de becarios en las plantillas al 20%, evitando que las empresas monten sus chiringuitos de precariedad.
La Inspección de Trabajo tendrá acceso directo para verificar que las prácticas cumplen con su objetivo formativo y no son un fraude. Lo significativo de este estatuto no es solo su contenido, sino su origen. Fue pactado con los sindicatos después de quince meses de negociación, mientras la patronal prefería descolgarse. Esta oposición empresarial revela hasta qué punto el modelo actual de becas se había convertido en un negocio para algunos. Como ha señalado Díaz, ahora la pelota está en el tejado de partidos como el PP y Vox, que en su programa defienden «salarios de inserción» para jóvenes, eufemismo que esconde sueldos de miseria sin protección social.
Este estatuto es mucho más que una ley técnica. Es un cambio cultural que devuelve la dignidad a la formación. Significa que un becario podrá sentarse en el mismo comedor que sus compañeros, que tendrá derecho a descansar y que, sobre todo, dejará de ser el ciudadano de segunda categoría laboral que hemos tolerado demasiado tiempo. Queda camino por recorrer en el trámite parlamentario, pero por primera vez, 1,7 millones de personas tienen motivos para creer que su trabajo, aunque sea formativo, merece respeto.
