Las universidades públicas de Madrid convocan huelga contra unos presupuestos «estancados»

 La comunidad universitaria madrileña ha decidido pasar a la acción. Las seis universidades públicas de la región –Complutense, Autónoma, Carlos III, Politécnica, Universidad de Alcalá y Rey Juan Carlos– han anunciado un paro de 48 horas para los días 26 y 27 de noviembre en protesta por la «asfixia financiera» que, a su juicio, perpetúan los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026.

La movilización, respaldada por las plataformas representativas del sector, surge como respuesta a lo que consideran un «estancamiento» de la partida destinada a la educación superior. Los rectores y la comunidad educativa llevan años reclamando que la financiación alcance el 1% del PIB regional, una meta que califican de imprescindible para garantizar la calidad de la enseñanza y la investigación.

Sin embargo, la propuesta del Gobierno regional supone un incremento mínimo, al pasar del 0,44% al 0,46% del PIB. Para los convocantes de la huelga, esta cifra es tan insignificante que ni siquiera puede considerarse una mejora real, sino la consolidación de un modelo de «infrafinanciación crónica» que lastra el futuro de las universidades.

Estrategia de presión máxima y advertencia de más acciones

Las fechas definitivas se ratificarán la próxima semana en asambleas, pero el mensaje de la huelga es claro: ejercer la «máxima presión» en un momento crucial, justo antes de que se aprueben los presupuestos. El calendario de movilizaciones no descarta extenderse a los meses de diciembre y enero, coincidiendo con la época de exámenes, si no se producen avances en la negociación.

Los representantes universitarios no han querido descartar ninguna opción y han advertido de que, de no haber una respuesta satisfactoria, la huelga de dos días podría ser solo el primer paso, dejando entre la posibilidad de un paro indefinido.

Más allá de los presupuestos: el veto a la futura ley

El conflicto no se limita a la partida económica de 2026. Las plataformas han lanzado también un aviso sobre la tramitación de la futura Ley del Sistema Universitario (LESUC), que se espera llegue tras la aprobación de los presupuestos. El objetivo de la movilización es doble: forzar un aumento real de la financiación y construir una fuerza de protesta lo suficientemente amplia como para intentar frenar una ley que, previsiblemente, generará un nuevo frente de confrontación.

Con esta huelga, las universidades públicas madrileñas encienden la mecha de un otoño caliente, dispuestas a librar una batalla decisiva por lo que consideran la supervivencia de la educación superior pública en la región.