La Comunidad de Madrid ha redoblado su ofensiva contra el profesorado en huelga con la publicación de la Orden 4977/2026, una norma que, lejos de buscar una salida negociada al conflicto, blinda servicios mínimos abusivos e ilegales y establece un régimen de «neutralidad» que, en la práctica, cercena la libertad de expresión y la libertad sindical en los centros educativos. La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, ha justificado esta escalada en la necesidad de garantizar el derecho a la educación, pero la realidad es que la norma transforma a los docentes en sospechosos y a los directores en delatores.
El texto, que entra en vigor en plena sexta semana de paro indefinido, eleva los servicios mínimos hasta el 90 % en las asignaturas de segundo de Bachillerato evaluables en la PAU desde el 1 de mayo. Una medida que el comité de huelga califica de «totalmente desproporcionada» y que, según UGT, «quita el derecho fundamental a la huelga» al vaciar de contenido la capacidad de presión del profesorado. Pero la ilegalidad de esta decisión no es solo una opinión sindical: el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya suspendió cautelarísimamente el pasado 10 de noviembre los servicios mínimos que la Comunidad había impuesto para la huelga general del 11 de noviembre en Educación, ordenando recuperar los vigentes desde 2012, al considerar que podían «vaciar de contenido» el derecho fundamental. El tribunal fue meridianamente claro: «garantizar un servicio esencial no equivale a mantener su rendimiento habitual». La Consejería, lejos de acatar el espíritu de esa resolución, ha redoblado la apuesta con una orden que el comité de huelga ya ha anunciado que llevará de nuevo a los juzgados por «inconstitucional». Los servicios mínimos deben justificarse con informes técnicos que la Consejería no ha elaborado, según denuncian CGT y el resto de organizaciones convocantes.
No contenta con estrangular el derecho a la huelga, la Consejería ha emitido unas instrucciones paralelas que imponen un «deber de neutralidad» en las aulas. Bajo el pretexto de evitar el «adoctrinamiento», se prohíbe al profesorado explicar los motivos de su movilización, se veta la exhibición de carteles reivindicativos y se insta a los equipos directivos a denunciar a los compañeros que animen a los alumnos a participar en protestas. Esta maquinaria de vigilancia interna constituye un ataque frontal a la libertad de cátedra y a la libertad sindical.
Y aquí surge una contradicción que la Consejería no puede ignorar. Si el argumento oficial es que se debe impedir la transmisión de ideologías y la dirección de la moral en las aulas, entonces la coherencia exigiría aplicar el mismo criterio a la asignatura de Religión. Esta materia, de oferta obligatoria en los centros pero voluntaria para los alumnos, no es una clase neutral de historia de las religiones: su currículo corresponde a la jerarquía eclesiástica y su profesorado es propuesto por el obispado. Difícilmente puede sostenerse que una asignatura confesional no transmite una ideología ni dirige la moral de quienes la cursan. Si la «neutralidad» es el nuevo dogma de la Comunidad de Madrid, debería aplicarse con el mismo rigor a quienes enseñan dogmas. Mientras los profesores se juegan el tipo por defender la escuela pública, Ayuso responde con formularios de delación y decretos que pretenden aplastar la dignidad de quienes enseñan.





