Por Patricia Bermejo.
En España, aproximadamente el 70% de la superficie forestal pertenece a propietarios particulares. Cuando llega el verano y los incendios arrasan miles de hectáreas, el debate suele centrarse en buscar culpables. Sin embargo, pocas veces nos preguntamos si el modelo de prevención que tenemos es realmente viable.
La Ley de Montes (Ley 43/2003) establece que los propietarios de terrenos forestales tienen el deber de conservar y gestionar sus montes para contribuir a su protección y prevenir los incendios. En la práctica, esto supone mantener las parcelas en condiciones adecuadas: controlar el exceso de vegetación, retirar árboles muertos o enfermos, conservar caminos y accesos y cumplir las medidas de prevención que establece cada comunidad autónoma.
El problema aparece cuando esa obligación choca con la realidad.
Muchas fincas forestales se encuentran en zonas de difícil acceso, con fuertes pendientes, sin posibilidad de utilizar maquinaria y, además, pertenecen a personas mayores o a familias que heredaron esos terrenos hace décadas. Limpiar una parcela en estas condiciones puede costar varios miles de euros, una cantidad inasumible para muchos propietarios.
La prevención de incendios no puede depender únicamente de la capacidad económica de quien posee una finca.
Las administraciones públicas también tienen un papel esencial. Los ayuntamientos colaboran en la prevención y en la protección civil dentro de sus municipios, pero la gestión forestal corresponde principalmente a las comunidades autónomas, responsables de planificar la política forestal, aprobar ayudas, impulsar tratamientos selvícolas y desarrollar programas que reduzcan el riesgo de incendios.
Por eso resulta insuficiente limitarse a exigir a los propietarios que mantengan sus montes sin facilitarles herramientas técnicas y económicas para hacerlo. La prevención necesita planificación, financiación y coordinación entre propietarios, ayuntamientos, comunidades autónomas y el Estado.
Conviene preguntarse: si no somos capaces de ofrecer soluciones que permitan gestionar miles de pequeñas parcelas abandonadas, ¿cuál es la alternativa?
Es precisamente en ese contexto donde surgen iniciativas como Forgarero, un proyecto nacido en la comarca de Sanabria que busca afrontar uno de los mayores retos del monte español: el abandono y la fragmentación de la propiedad forestal.
Forgarero ha obtenido financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) dentro de una convocatoria pública destinada a impulsar proyectos de gestión forestal sostenible y desarrollo del medio rural. Recibir esta subvención no convierte automáticamente al proyecto en perfecto ni lo exime de críticas, pero sí significa que ha cumplido los requisitos técnicos y administrativos exigidos por la convocatoria.
Su propuesta consiste en agrupar de forma voluntaria parcelas forestales privadas para gestionarlas conjuntamente. La idea es sencilla: actuar sobre grandes superficies permite reducir costes, planificar mejor los trabajos forestales, facilitar los tratamientos selvícolas y disminuir el riesgo de incendios allí donde la gestión individual resulta prácticamente inviable.
Como cualquier iniciativa de esta envergadura, Forgarero debe ser analizado con espíritu crítico. Es lógico que existan dudas sobre el modelo de gestión, la participación de los propietarios o la toma de decisiones. Ese debate no solo es legítimo, sino necesario. Pero también conviene valorar si permanecer inmóviles frente al abandono progresivo del monte es una opción mejor.
Porque la prevención cuesta dinero. Mucho menos que apagar un gran incendio, pero dinero al fin y al cabo. Cada euro invertido en gestionar el monte antes del verano evita gastar muchos más en medios de extinción, reconstrucción y recuperación ambiental.
Quizá ha llegado el momento de dejar de hablar únicamente de incendios y empezar a hablar de gestión forestal. Porque los montes no se protegen cuando aparecen las llamas. Se protegen mucho antes, con planificación, inversión y una responsabilidad compartida entre propietarios y administraciones.
