Por B. Rojas
Hay líneas que no se pueden cruzar, y menos aún desde espacios públicos. En primer lugar, llamar “hijo de puta” a otra persona no es libertad de expresión: es degradación del debate democrático. Y cuando ese insulto se lanza desde un escenario, con responsabilidad pública o proyección política, deja de ser un exabrupto aislado para convertirse en un síntoma preocupante de deterioro institucional.
Quien ocupa un altavoz público tiene el deber de elevar el nivel del discurso, no de arrastrarlo. Pero además, conviene señalar algo que demasiadas veces se ignora: seguir utilizando “puta” como insulto es profundamente clasista y machista. Señala y estigmatiza a mujeres en situación de vulnerabilidad, convirtiéndolas en herramienta de desprecio. Una sociedad que aspira a ser justa no puede tolerar que se use la realidad de las más vulnerables como arma arrojadiza. El respeto no es selectivo. En segundo lugar, la política no puede reducirse al ruido, al grito o a la descalificación vacía.
La confrontación es legítima, pero debe basarse en hechos, propuestas y argumentos. Lo contrario no es debate: es espectáculo. Estamos viendo cómo se normalizan comportamientos que recuerdan a etapas muy oscuras de nuestra historia, donde el insulto y la deshumanización sustituyeron a la palabra y al razonamiento. Ese camino nunca trae nada bueno. La ciudadanía merece representantes y espacios públicos a la altura: con firmeza, sí, pero también con respeto, responsabilidad y sentido democrático.
