El Gobierno anuncia un paquete de medidas que promete más vigilancia y transparencia, pero la sombra de la desconfianza sigue siendo demasiado larga.
El Consejo de Ministros ha sacado del cajón un plan estatal contra la corrupción que llevaba tiempo anunciándose y que ahora, en septiembre, ve la luz. Lo presentó Pedro Sánchez en julio en el Congreso y ha sido Pilar Alegría, como portavoz del Gobierno, quien ha puesto voz a los detalles tras la primera reunión del Gabinete después del parón veraniego. El paquete, aseguran, no es un invento improvisado: recoge recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE, de la propia Comisión Europea e incluso de colectivos de la sociedad civil. Aun así, la noticia despierta tantas expectativas como recelos.
El plan, que coordinará una comisión interministerial encabezada por la vicepresidenta primera María Jesús Montero, se articula en torno a cinco grandes bloques. Entre ellos se incluye la promesa de reforzar los controles para prevenir irregularidades, la introducción de inteligencia artificial en la plataforma de contratación pública, la vigilancia aleatoria del patrimonio de altos cargos y auditorías externas sobre las cuentas de partidos políticos y sus fundaciones. También contempla blindar a quienes se atrevan a denunciar casos de corrupción y mejorar la capacidad del Estado no solo para perseguir a los culpables, sino para recuperar lo robado.
Sobre el papel suena impecable, casi quirúrgico, pero la ciudadanía no vive en los papeles, sino en un país donde las hemerotecas están llenas de escándalos que destrozaron la confianza en las instituciones. La corrupción en España no es un accidente aislado: ha sido durante décadas un motor engrasado en ayuntamientos, comunidades autónomas y hasta ministerios. La gente sabe que el problema no es tanto la falta de planes, sino su incumplimiento. Que se hable de inteligencia artificial y de auditorías externas parece un paso adelante, pero la pregunta sigue siendo la misma de siempre: ¿quién controla a los que controlan? Porque si no hay voluntad política real, lo nuevo no pasará de ser otro anuncio solemne con foto en Moncloa. El riesgo es que este plan se convierta en otro ejercicio de cosmética institucional, con medidas rimbombantes que se aplican a medias o que naufragan en la maraña burocrática.
La corrupción, cuando se instala, es una forma de violencia contra la mayoría social. Cada contrato inflado, cada mordida disfrazada de comisión, cada blindaje a los poderosos significa hospitales sin recursos, aulas masificadas y familias que viven peor. Por eso, más allá de titulares, lo que la gente espera no es un plan brillante en un PowerPoint, sino hechos: investigaciones imparciales, castigos ejemplares y devolución de lo saqueado. España tiene ante sí la oportunidad de demostrar que la transparencia no es un eslogan, sino un derecho ciudadano.
Lo veremos en los próximos meses, cuando sepamos si este plan abre realmente una nueva etapa o si se convierte, como tantas veces, en otra promesa que se evapora con el tiempo.
