Las autoridades marroquíes ordenaron este sábado a los equipos de TVE y la Agencia EFE abandonar inmediatamente Fnideq (Castillejos), la localidad situada junto a la frontera con Ceuta, donde cubrían las cargas policiales contra centenares de migrantes que intentaban alcanzar territorio español. La decisión, comunicada verbalmente por el máximo representante local del Ministerio del Interior, Youssef Hajji, se limitó a la escueta justificación de estar «cumpliendo instrucciones».
Los periodistas fueron advertidos de que sus acreditaciones profesionales y equipos de trabajo podían ser confiscados si no abandonaban la zona. Posteriormente, los hoteles donde se alojaban los equipos comunicaron que habían recibido órdenes de las autoridades para que desalojaran los establecimientos. La expulsión se produjo mientras los periodistas cubrían la dispersión de migrantes con gases lacrimógenos y porras, en una jornada en la que Marruecos interceptó al menos a 294 personas.
RTVE ha expresado su «enérgico rechazo» a la medida. Su presidente, José Pablo López, ha calificado lo sucedido como «un obstáculo de enorme gravedad a la libertad de prensa y al derecho a la información». También el presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver, ha reclamado a las autoridades marroquíes que respeten el ejercicio libre y responsable del periodismo. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha condenado la expulsión como un «ataque a la libertad de información».
Los medios marroquíes han justificado la decisión apelando al principio de reciprocidad, argumentando que las autoridades españolas restringieron la entrada a Ceuta de un equipo de la televisión pública marroquí 2M. Sin embargo, la expulsión de los periodistas españoles se produce en un contexto que trasciende este episodio puntual y revela un patrón de comportamiento recurrente del régimen alauí.
La restricción del trabajo informativo en zonas fronterizas y territorios ocupados no es nueva para quienes siguen la actualidad del Sáhara Occidental. Durante décadas, periodistas, observadores internacionales y defensores de los derechos humanos han denunciado obstáculos sistemáticos para acceder al territorio ocupado o documentar sobre el terreno protestas y actuaciones de las fuerzas marroquíes. Lo que hoy han sufrido los equipos de TVE y EFE junto a Ceuta es una práctica habitual en la estrategia de control informativo del Makhzen, que nunca ha sido objeto de críticas sostenidas por parte de los grandes medios españoles.
Paradójicamente, los mismos medios que ahora denuncian la expulsión de sus periodistas han guardado tradicionalmente silencio sobre las expulsiones de activistas saharauis y la imposición de censura en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental. El régimen marroquí ha visto cómo la prensa española, y en particular RTVE, ha evitado sistemáticamente poner el foco en la represión informativa que padecen quienes intentan contar la realidad saharaui.
Ahora, al verse afectados directamente, los medios españoles descubren las prácticas de un régimen que nunca ha tolerado la crítica ni el control informativo independiente. Lo que ocurrió en Castillejos no fue un incidente aislado, sino una manifestación más de la deriva autoritaria de Marruecos, que ha decidido demostrar a los periodistas españoles lo que significa trabajar bajo la sombra de una dictadura que no admite miradas incómodas. El Gobierno español, mientras tanto, ha defendido la libertad de prensa y ha asegurado que la Embajada en Rabat está buscando una solución.





