Extremadura ha dejado de estar en funciones en lo político, aunque lo que está por ver es en qué estado queda su calidad democrática. Lo que se ha escenificado estos días en la Asamblea no es solo un acuerdo de gobierno más. Es la confirmación de una tendencia que lleva tiempo gestándose: la normalización de la extrema derecha como socio preferente del Partido Popular.
El consejero en funciones, Abel Bautista, lo dio prácticamente por cerrado en sede parlamentaria. PP y Vox gobernarán juntos durante los próximos cuatro años. Y lo harán, según su relato, en nombre de la estabilidad, el crecimiento y la responsabilidad. Un discurso pulido, casi técnico, que contrasta con la crudeza de lo que realmente implica el pacto: abrir de par en par la puerta institucional a un partido que cuestiona pilares básicos del Estado de derecho.
La escena parlamentaria dejó pocas dudas. Mientras desde el Ejecutivo en funciones se apelaba a datos económicos positivos y a una supuesta continuidad de políticas eficaces, Vox hablaba sin filtros. Su portavoz, Ángel Fernández Calle, dejó claro quién manda realmente en la negociación, llegando a afirmar que habrá gobierno si ellos quieren. No es una hipérbole. Es una declaración de poder. Ese contraste es precisamente el núcleo del problema. El PP intenta envolver el acuerdo en un lenguaje institucional, casi burocrático, mientras Vox actúa como lo que es: una fuerza política que no tiene reparos en tensionar el sistema, en polarizar el debate y en señalar enemigos políticos con un tono más propio de la trinchera que del parlamento. Y aun así, gobiernan juntos. Detrás de esta operación está la estrategia nacional de Alberto Núñez Feijóo, que ha decidido que pactar con la extrema derecha ya no tiene coste, sino utilidad. Lo que hace unos años se intentaba disimular ahora se exhibe con naturalidad. Ya no hay cordones sanitarios ni líneas rojas. Hay acuerdos, decretos y mayorías compartidas. Uno de los movimientos más significativos ha sido la aprobación de un decreto que amplía las capacidades de un gobierno en funciones. Sobre el papel, se trata de evitar bloqueos administrativos. En la práctica, la oposición lo ha denunciado como un abuso que desdibuja los límites institucionales. Cuando las reglas se cambian en mitad del partido, la sospecha es inevitable.
El PSOE optó por la abstención, intentando no aparecer como obstáculo a la gestión, mientras que Unidas por Extremadura directamente se desmarcó, denunciando lo que considera una maniobra para legitimar una situación irregular. Más allá de la táctica parlamentaria, lo relevante es el fondo: se está legislando en un contexto de bloqueo para facilitar un acuerdo político que incluye a la extrema derecha. Y aquí es donde conviene detenerse. Porque el problema no es solo Vox. Vox es coherente con lo que es y con lo que dice. El verdadero punto de inflexión es el papel del PP. Es la decisión consciente de integrar ese discurso en la acción de gobierno, de asumirlo como parte del paisaje político normal. Ese proceso tiene consecuencias. No es inocuo. Supone desplazar el marco de lo aceptable, rebajar los estándares democráticos y convertir en negociables cuestiones que antes eran intocables. Cuando se blanquea a quien cuestiona derechos básicos o alimenta discursos excluyentes, no se está moderando a la extrema derecha. Se está asumiendo su agenda. Lo ocurrido en Extremadura no es una excepción aislada. Es un síntoma. Un aviso de hacia dónde se está moviendo una parte de la derecha española y europea. Y también una advertencia para quienes creen que estas alianzas son meramente tácticas o temporales. La historia reciente demuestra que, una vez abiertas, estas puertas rara vez se vuelven a cerrar.
Mientras tanto, el debate público se llena de eufemismos. Se habla de estabilidad, de gobernabilidad, de responsabilidad. Pero lo que hay detrás es algo mucho más sencillo de entender: la aceptación de que el poder justifica casi cualquier alianza, incluso aquellas que ponen en riesgo el equilibrio institucional. Y ahí es donde conviene hacerse una pregunta incómoda pero necesaria. Si todo vale para gobernar, ¿qué queda entonces de las reglas que sostienen la democracia?
