Desde las Baleares hasta las Canarias, pasando por Barcelona y Málaga, el clamor contra la saturación turística se intensifica en España, el segundo destino más popular del mundo. Las autoridades se ven obligadas a buscar un equilibrio entre el bienestar de los residentes y un sector económico vital.
En Málaga, emblema del turismo de sol y playa en Andalucía, las críticas se hacen visibles en pegatinas con lemas como «Apestando a turista» o «Antes esta era mi casa», que adornan paredes y puertas de alojamientos turísticos.
Actos similares se registran en Barcelona y Baleares, donde activistas colocaron carteles falsos en inglés a la entrada de algunas playas, advirtiendo de supuestos riesgos por «caída de rocas» o picaduras de «peligrosas medusas» para ahuyentar a los visitantes.
Las principales quejas de los residentes incluyen la presión inmobiliaria y la proliferación de alojamientos turísticos, que obligan a muchos a abandonar el centro de las ciudades, además de las molestias acústicas y ambientales derivadas del flujo constante de turistas.
En Cataluña, afectada por una sequía histórica desde hace tres años, el consumo de agua en los numerosos establecimientos turísticos de la Costa Brava genera preocupación, especialmente después de que las autoridades declararan la emergencia en la zona más poblada de la región a principios de febrero.
El colectivo Banc de Temps de Sencelles organizó una manifestación el sábado pasado bajo el lema «Mallorca no se vende», exigiendo al Govern medidas contra el turismo de masas y la crisis de vivienda que este provoca.
La saturación de los servicios públicos, como hospitales, el colapso de autopistas en temporada alta y el aumento desproporcionado de los precios de la vivienda debido a la gentrificación, han hecho que muchos consideren las islas como lugares inhabitables.
Las críticas se dirigen también hacia la falta de medidas medioambientales por parte de los gobiernos del Partido Popular en las distintas instituciones, que están implementando iniciativas que depredan el territorio y no respetan los recursos naturales. Exceptuando la reducción del techo de plazas turísticas en Mallorca, esta situación ha llevado a una movilización ciudadana sin precedentes en Baleares, sumándose a las demandas de las organizaciones ecologistas y sociales.
