El precio de la gasolina acumula doce semanas consecutivas de subidas y roza los dos euros por litro, mientras los expertos señalan directamente a la especulación de las grandes distribuidoras.
La economía española afronta el cierre del tercer trimestre con una presión inflacionaria que parecía superada. Los analistas de Funcas sitúan el dato adelantado del IPC de septiembre en el 4,9%, una décima por encima de las previsiones de BBVA Research, que apuntan a un 4,8%. Detrás de esta escalada se encuentra, principalmente, el componente energético: el precio de los carburantes ha alcanzado nuevos máximos anuales tras doce semanas consecutivas de subidas, con la gasolina a 1,928 euros por litro y el diésel a 1,918 euros.
Llenar un depósito medio de 55 litros cuesta ahora más de 105 euros, unos 25 euros más que hace un año en el caso de la gasolina. El impacto sobre las familias y los profesionales del transporte es inmediato, pero el origen del problema genera un debate que trasciende la mera evolución de los mercados internacionales.
La organización Transport & Environment (T&E) ha cuantificado el fenómeno: las petroleras y distribuidoras españolas podrían obtener este año unos 3.800 millones de euros en beneficios extraordinarios, de los cuales 800 millones ya se habrían generado desde el inicio del conflicto en Oriente Medio. Según sus estimaciones, de cada subida de 39 céntimos por litro de diésel, una parte sustancial ha ido a parar a la industria, no a cubrir costes reales de materia prima.
La estructura del mercado de distribución de carburantes en España favorece estas prácticas. Repsol lidera la red con aproximadamente 3.700 estaciones, seguida de Moeve —antigua Cepsa— que, tras su anunciada fusión con Galp, controlaría en torno al 22% de la red peninsular. Esta concentración, según la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), genera «asimetrías competitivas» entre las grandes petroleras integradas y los operadores independientes.
La CNMC ha puesto el foco sobre las estrategias de descuentos de Repsol, Moeve, BP, Galp y Disa, que utilizan programas de fidelización para contener la fuga de clientes sin bajar realmente el precio final para todos los consumidores. Se trata de bonificaciones «condicionadas y limitadas en el tiempo» que, en la práctica, mantienen los precios oficiales elevados mientras segmentan el mercado.
La especulación no afecta solo a los conductores particulares. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) denunció en marzo el «bloqueo» del suministro de gasóleo agrícola por parte de las petroleras, con subidas del 42% en apenas unos días, a la espera de aplicar incrementos aún mayores. La situación, calificada por la organización como «especulación sin precedentes», se ceba con un sector totalmente dependiente del carburante en plena campaña.
Las perspectivas no invitan al optimismo. BBVA Research y Funcas coinciden en que el IPC se mantendrá por encima del 4% hasta diciembre, impulsado por un encarecimiento interanual del componente energético que podría superar el 20%. El precio del barril de Brent supera ya los 106 dólares y algunas previsiones apuntan a que podría alcanzar los 120 si persisten las tensiones en el estrecho de Ormuz.
Mientras el Gobierno no articula una respuesta —Bernardos ha reclamado subvenciones o reducciones temporales de impuestos—, los conductores afrontan un otoño en el que llenar el depósito se ha convertido, de nuevo, en un lujo.





