ASFACUME denuncia que la Seguridad Social lleva meses ignorando los abusos contra miles de progenitores que cuidan de sus hijos con enfermedades graves Cuando a un hijo se le diagnostica cáncer o una enfermedad grave, lo último que una familia espera es tener que pelear contra la Administración para poder cuidarle. Sin embargo, eso es exactamente lo que viven más de 15.000 hogares en España que dependen de la prestación CUME, un derecho concebido en 2011 para que madres y padres puedan reducir su jornada laboral sin perder sus ingresos.
Lo que en el papel es una conquista social se convierte en la práctica en una carrera de obstáculos marcada por la desconfianza, la arbitrariedad y el abuso de poder. ASFACUME, la asociación que agrupa a las familias en CUME, nació precisamente porque la situación era insostenible. Llevan más de nueve meses esperando una respuesta de la Seguridad Social a las denuncias sobre prácticas abusivas de las mutuas, y lo único que han recibido es silencio.
Mientras tanto, quienes se acogen a este derecho son tratados como sospechosos, obligados a justificar una y otra vez lo evidente: que un niño enfermo necesita cuidados constantes y que esos cuidados recaen casi siempre en sus progenitores. El problema no está en la ley en sí, sino en cómo se aplica.
Las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, que gestionan la prestación, actúan a menudo con total impunidad. Imponen requisitos que no aparecen en ninguna norma, exigen informes imposibles de conseguir a tiempo o directamente deniegan la ayuda. Incluso cuando los tribunales dan la razón a las familias, la mala praxis continúa como si nada. Y lo más grave: la Seguridad Social conoce la situación, pero sigue permitiéndola. El resultado es devastador.
Lo que debería ser un apoyo se convierte en un castigo añadido. Padres y madres exhaustos, que ya viven pendientes de tratamientos, hospitalizaciones y recaídas, tienen que enfrentarse a trámites interminables, recursos judiciales y una incertidumbre económica insoportable. La vulnerabilidad, en vez de ser paliada, se multiplica. Desde ASFACUME lo tienen claro: no van a callar.
Reclaman un cambio de raíz que ponga a las familias en el centro. Piden juicios rápidos para los casos judicializados, la ampliación del listado de patologías reconocidas, la actualización de las bases reguladoras y la creación de una figura de mediador en la propia Seguridad Social que actúe de cortafuegos frente a los abusos de las mutuas. También insisten en algo elemental: que la prestación sea igual para todos, ya sean asalariados, funcionarios, empleados públicos o autónomos.
La asociación recuerda que cuidar de un hijo enfermo no es un privilegio, sino un derecho básico que debe estar protegido sin matices. “Todos somos ASFACUME”, repiten como lema, porque detrás de cada expediente hay una historia de angustia y resistencia. Y porque, al fin y al cabo, la verdadera enfermedad no está en los menores que luchan cada día contra patologías graves, sino en un sistema que pone trabas a quienes deberían estar blindados por la solidaridad más elemental.
