FACUA denuncia que el pacto PP-Vox blanquea la xenofobia, promueve el negacionismo climático y ataca al asociacionismo

La federación de consumidores advierte de que el acuerdo supone una «regresión democrática, social y ambiental» que introduce en las instituciones andaluzas los postulados de la extrema derecha.

La federación considera especialmente grave que el acuerdo asuma la denominada «prioridad nacional» como criterio inspirador del acceso a ayudas, subvenciones, prestaciones públicas, vivienda protegida y alquiler social. Este planteamiento supone «un blanqueo directo de la xenofobia más recalcitrante», según denuncia FACUA, al establecer requisitos de arraigo que excluyen a personas migrantes en situación irregular y crear ciudadanos de primera y de segunda en el acceso a los servicios públicos.

El pacto incorpora además auditorías específicas sobre el coste sanitario de la atención a población extranjera, un enfoque que, advierte la federación, «no persigue mejorar la gestión pública, sino alimentar un marco de sospecha colectiva contra personas especialmente vulnerables, en muchos casos menores, familias trabajadoras y usuarios de servicios básicos».

Negacionismo climático

FACUA Andalucía también alerta del contenido negacionista del acuerdo en materia ambiental. El pacto incluye el rechazo explícito a la Agenda 2030, al Pacto Verde Europeo y a la condicionalidad climática, además de la supresión de tributos ambientales. La federación recuerda que la crisis climática «es una realidad científica con consecuencias directas en la vida cotidiana de la población» y que Andalucía, por su situación geográfica, «no puede permitirse políticas públicas que nieguen o minimicen este escenario».

Ataque a la sociedad civil organizada

La federación muestra además su «enorme preocupación» por las medidas del pacto dirigidas a revisar subvenciones a entidades calificadas como «ideológicas», entre ellas la reducción al 50% de las ayudas a sindicatos y organizaciones sociales. «Bajo esa formulación se esconde una amenaza directa a la participación social organizada, a las entidades que realizan incidencia política y a las voces críticas con las políticas del Gobierno andaluz», advierte.

FACUA incide en que «uno de los fines de las organizaciones sociales es fiscalizar al poder y al Gobierno, denunciar abusos, defender derechos y representar intereses colectivos». Recortar la participación social, subraya, «solo tiene como objetivo gobernar sin contrapesos».

Ausencia de referencias a la violencia machista

Por último, FACUA Andalucía lamenta la desaparición de cualquier referencia sustantiva a la violencia machista y a las políticas de igualdad en el acuerdo, así como el avance de «una agenda reaccionaria en materia cultural, educativa y de memoria democrática». La federación considera que el pacto «no responde a las necesidades reales de la ciudadanía andaluza, sino a una operación de blanqueamiento institucional de postulados autoritarios, excluyentes y antisociales».