Las hectáreas quemadas casi cuadruplican las del año pasado y el fuego vuelve a recordarnos que la emergencia climática ya no pertenece al futuro sino al presente
Hay cifras que deberían abrir todos los informativos durante semanas y ocupar portadas de periódicos durante días. Sin embargo, aparecen escondidas entre estadísticas, informes técnicos y notas de agencia. Una de ellas acaba de llegar desde el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.
Hasta el pasado 3 de junio, España ya había visto arder 30.229 hectáreas. Es casi cuatro veces más que en las mismas fechas del año anterior. Detrás de ese dato no hay únicamente árboles quemados. Hay ecosistemas destruidos, biodiversidad perdida, pueblos amenazados, recursos públicos movilizados y un enorme coste económico y social que acabamos pagando entre todos. Pero también hay algo más preocupante: la constatación de que seguimos llegando tarde a un problema que lleva décadas anunciando su llegada. Mientras determinados sectores políticos continúan discutiendo si el cambio climático existe o no, los incendios parecen haber abandonado cualquier debate ideológico para instalarse directamente en la realidad.
El fuego no vota. No distingue entre izquierdas y derechas. No pregunta por la opinión política de quien vive junto a un monte. Simplemente avanza cuando encuentra las condiciones adecuadas. Y esas condiciones son cada vez más frecuentes. Las más de 30.000 hectáreas quemadas este año no solo superan ampliamente las 8.237 registradas en el mismo periodo de 2025. También duplican con creces la media histórica de las dos últimas décadas. Es decir, no estamos ante una anomalía puntual ni ante una mala racha meteorológica. Estamos ante una tendencia que empieza a consolidarse año tras año.
El norte peninsular ha vuelto a ser uno de los escenarios más afectados. Asturias y Cantabria vivieron durante febrero una situación especialmente preocupante con miles de hectáreas arrasadas en apenas unos días. Aquella oleada de incendios, muchos de ellos provocados, obligó a desplegar medios extraordinarios y puso al límite los servicios de extinción. Lo mismo ocurrió en abril, cuando nuevas oleadas de fuego dispararon nuevamente las estadísticas. Ahora, a las puertas del verano, los incendios vuelven a aparecer en Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y otros puntos del país antes incluso de que lleguen los meses tradicionalmente más peligrosos. Y ese es precisamente uno de los aspectos más inquietantes. Los incendios ya no se concentran exclusivamente en julio y agosto. La temporada de riesgo parece extenderse cada vez más. Los inviernos son más secos, las temperaturas medias aumentan, la vegetación acumula estrés hídrico y cualquier combinación de viento, calor y negligencia puede desencadenar situaciones extremadamente peligrosas. Mientras tanto, el debate político continúa moviéndose con frecuencia en dirección contraria a la urgencia del problema. Resulta especialmente llamativo observar cómo parte de la derecha española sigue instalada en una contradicción permanente. Por un lado, sus dirigentes visitan las zonas afectadas cuando se producen grandes incendios. Por otro, algunos de sus socios políticos continúan cuestionando las bases científicas del calentamiento global o ridiculizando las políticas medioambientales.
Se recortan inversiones, se debilitan organismos públicos y se alimentan discursos que presentan la protección ambiental como una extravagancia ideológica. La realidad, sin embargo, es mucho menos ideológica y mucho más práctica. Cada hectárea quemada supone dinero público, pérdida de riqueza natural y mayor vulnerabilidad futura frente a nuevos incendios. Cada bosque destruido deja menos capacidad de absorción de carbono y más dificultades para mitigar los efectos de las olas de calor que ya están afectando a millones de personas. El problema no es únicamente climático. También es territorial.
Décadas de abandono rural, despoblación y falta de gestión forestal han dejado enormes superficies convertidas en combustible acumulado esperando una chispa. Los montes abandonados arden mejor que los gestionados. Es una verdad incómoda que rara vez ocupa espacio suficiente en el debate público. España ya conoce perfectamente las consecuencias de ignorar estas señales. El verano de 2025 fue devastador, con más de 393.000 hectáreas quemadas y grandes incendios simultáneos en varias comunidades autónomas. Galicia, Castilla y León y Extremadura sufrieron episodios especialmente duros que dejaron imágenes difíciles de olvidar. Ahora las cifras de 2026 vuelven a encender las alarmas cuando todavía no ha comenzado la parte más peligrosa del año.
Quizá el verdadero problema sea que nos hemos acostumbrado demasiado rápido a las catástrofes. Nos indignamos durante unos días, compartimos fotografías espectaculares de montañas envueltas en humo y después seguimos adelante como si nada hubiera ocurrido. Hasta el siguiente incendio. Hasta la siguiente evacuación. Hasta la siguiente ola de calor. Pero los datos están ahí. Son tozudos. España arde más que antes. Arde durante más tiempo. Arde en más lugares. Y cada año que pasa resulta más difícil seguir fingiendo que se trata de una casualidad. El fuego lleva tiempo enviándonos mensajes. La pregunta es cuánto tiempo más vamos a tardar en escucharlos.
