La decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el derecho al voto de miles de españoles nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática. A petición de VOX y de la organización ultraderechista Iustitia Europa, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha congelado el sufragio de cientos de miles de personas que obtuvieron legítimamente la nacionalidad española, en su mayoría descendientes de exiliados por la dictadura franquista.
El argumento central del Supremo es tan frágil como peligroso. Sostiene que el aumento extraordinario del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) en 408.262 personas desde 2023 genera un «peligro fundado, real y serio» que podría «afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral». Traducido: demasiados votantes nuevos podrían alterar el resultado deseado. Es una admisión velada de que lo que preocupa al tribunal no es la pureza del censo, sino la orientación política de esos votos. Como señala Aimar Bretos en Cadena SER, es un «balón de oxígeno total a la conspiranoia del pucherazo».
Lo más grave es el razonamiento de fondo. El Supremo escribe que otorgar el voto a los nuevos nacionalizados podría afectar al «resultado electoral deseado por los españoles que ya figuran inscritos correctamente en el censo». Esta frase es demoledora: sugiere que la legitimidad del sufragio depende de que no contraríe el resultado que unos votantes ya establecidos consideran deseable. Si eso no es una restricción de derechos fundamentales por motivos ideológicos, no sé qué puede serlo.
El tribunal tampoco ha valorado que la suspensión del derecho al voto de estas personas también altera, por omisión, las mayorías parlamentarias. Si el voto de 400.000 personas pudiera modificar el resultado electoral, impedir que voten garantiza que ese resultado se congele sin ellas. El Supremo actúa como si la democracia fuera un sistema cerrado al que solo deben acceder quienes ya estaban dentro, y cualquier incorporación tardía constituyera una amenaza al orden establecido.
Existe un voto particular en la sala que califica la suspensión como una limitación grave de un derecho fundamental. El ministro Ángel Víctor Torres ha respaldado esa posición y ha instado al Supremo a resolver cuanto antes, advirtiendo que sería «inconcebible» que en 2027, año electoral, hubiera españoles con menos derechos que otros. El ponente del auto, Antonio Narváez, es un magistrado que en una cena con Feijóo en 2023 ya deslizó la tesis de que el Gobierno preparaba un «pucherazo» a través de Indra. Que ese mismo magistrado firme ahora la congelación del voto de miles de ciudadanos por el presunto riesgo de fraude no es una coincidencia, es una hoja de ruta.
La suspensión es cautelar, no definitiva. Pero el daño ya está hecho: miles de personas que recuperaron la nacionalidad de sus abuelos, que huyeron para salvar la vida, ahora descubren que su pasaporte español no incluye el derecho a decidir el futuro de ese país. La Ley de Memoria Democrática debía reparar una injusticia histórica; el Supremo acaba de añadir una nueva.
