El Supremo rechaza que Madrid frene el traslado de menores migrantes y avala la solidaridad entre comunidades

El Tribunal Supremo ha rechazado este miércoles la petición de la Comunidad de Madrid para paralizar la llegada de 12 menores migrantes desde Canarias y Ceuta. El tribunal, en una resolución firme, sostiene que suspender estos traslados provocaría «graves daños» a los jóvenes, que se encuentran en las islas en una situación de «notorio estado de hacinamiento». La decisión subraya el «superior interés del menor» y hace un llamado explícito a la «solidaridad» entre territorios, destacando que Canarias y Ceuta han triplicado su capacidad ordinaria de acogida.

Una resolución basada en el interés superior del menor

El auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo es contundente: paralizar la llegada de estos menores sería «incompatible con el superior interés del menor, que es de obligada salvaguarda por los poderes públicos». Los magistrados argumentan que aceptar la medida cautelar solicitada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso supondría «facilitar el mantenimiento de unas circunstancias que ya hemos considerado gravemente perjudiciales para los menores».

El tribunal recuerda su propia jurisprudencia, ya que en marzo de 2025 ya determinó en un caso similar que los menores no acompañados en Canarias estaban en situación de «hacinamiento». Frenar ahora los traslados, señala, sería una «contradicción» con aquella resolución anterior.

Un llamado a la solidaridad interterritorial

Más allá del interés del menor, la resolución hace una lectura política y social de la situación. El Supremo señala que la declaración de «contingencia migratoria extraordinaria» en Ceuta y Canarias significa que su capacidad de protección se ha superado en tres veces.

Este colapso «ha afectado negativamente a las Administraciones autonómicas, que se han visto forzadas a dedicar especiales recursos asistenciales», unos esfuerzos que deberían continuar si se suspendieran los traslados. En este contexto, el tribunal avala implícitamente el mecanismo de reparto solidario impulsado por el Gobierno central para descongestionar estos territorios.

El trasfondo del conflicto político-jurídico

Esta decisión sobre 12 casos concretos es solo la punta del iceberg de un enfrentamiento abierto entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas, las gobernadas por el PP.

• El marco legal: En marzo de 2025, el Gobierno aprobó una reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para establecer un mecanismo de derivación obligatoria de menores desde zonas saturadas. Un decreto posterior fijó la capacidad de acogida de cada comunidad, asignando a Madrid la recepción de 647 menores de un total de 3.975.
• La oposición autonómica: Hasta 11 comunidades autónomas han recurrido este decreto ante el Tribunal Constitucional. Madrid, además, recurrió ante el Supremo tanto el decreto como los 12 procedimientos de traslado específicos que acaban de ser rechazados.
• La postura de Madrid: El Gobierno de Díaz Ayuso argumenta que sus centros de acogida están «absolutamente colapsados» y que el reparto es «forzoso». No obstante, fuentes de la Comunidad aseguran que, a pesar del recurso, ya han atendido a 120 menores procedentes de Canarias y Ceuta.

🔍 La compleja realidad de los números

La dimensión del desafío es considerable. Estos son algunos datos clave:

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido el mecanismo, aunque reconoce su complejidad, y ha acusado a las comunidades del PP de un «bloqueo sistemático». Mientras, territorios como Canarias reclaman más agilidad: tras la declaración de contingencia a finales de agosto, recibieron más de 140 menores y solo salieron 16.

Perspectivas y próximos pasos

La resolución del Supremo es firme en estos 12 casos, pero no pone fin al conflicto jurídico de fondo. Los recursos ante el Tribunal Constitucional contra el decreto de reparto siguen su curso.

Paralelamente, el Supremo mismo tiene pendiente otro asunto relacionado: en diciembre de 2025 instó al Gobierno central a hacerse cargo de los menores migrantes solicitantes de asilo que están bajo la tutela de la Comunidad de Madrid, una competencia que el tribunal considera estatal. Madrid ya ha reclamado al Ministerio que acelere este trámite.

Este entramado de resoluciones judiciales refleja la tensión entre la obligación de protección, el principio de solidaridad territorial y las capacidades logísticas y políticas de las administraciones autonómicas. Lo que queda claro, tras el auto de este miércoles, es que para el máximo tribunal español, en esta ecuación el interés superior del menor prevalece por encima de cualquier otra consideración.