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El PP cede todas las exigencias a Vox aunque implique ir contra la Constitución

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El hecho es gobernar y alcanzar el poder a costa de lo que sea. Esa parece ser la única finalidad del Partido Popular en la actualidad, según admiten analistas políticos y dirigentes de la oposición. No existe un proyecto más allá de eso: alcanzar el poder en las diferentes comunidades autónomas se ha convertido en el objetivo supremo, incluso si ello implica desmontar los principios que antaño decían defender.

La paradoja resulta llamativa. Si nos referimos a la época donde el partido conservador se hacía llamar constitucional, atacando a cualquier partido que estableciera diferencias con el modelo de Estado, aquel discurso ha quedado reducido a un mero recuerdo. Hoy, para alcanzar el poder, el PP ha optado por ceder ante todas las exigencias de Vox, sin importar que algunas de ellas choquen de frente con la Carta Magna.

Los pactos postelectorales en regiones como la Comunidad Valenciana, Murcia o Extremadura han evidenciado una deriva preocupante. Desde la eliminación de concejalías de igualdad hasta el replanteamiento de políticas de memoria histórica, pasando por la derogación de leyes autonómicas de protección LGTBI, el PP ha asumido íntegramente el programa de su socio de ultraderecha. En varios casos, juristas han advertido que algunas medidas podrían ser inconstitucionales, pero ello no ha frenado los acuerdos.

“Lo importante es gobernar”, repiten los líderes populares. La frase, que en otro tiempo podía sonar a pragmatismo, hoy resuena como una declaración de principios vacía de contenido ético. El partido que hace una década se erigía en guardián de la Constitución frente al “desafío independentista” o los “populismos”, ahora negocia con quien sea, siempre que le entregue las llaves del poder.

Para muchos votantes tradicionales del PP, la deriva resulta incomprensible. Pero en la dirección nacional parecen tenerlo claro: el fin justifica los medios. Y si gobernar implica renunciar a aquello que decían defender, que así sea. El precio, advierten los críticos, es la erosión del propio sistema constitucional que juraron proteger.

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