La norma, que concede la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la administración española y a sus descendientes, introduce un nuevo factor jurídico y político en el pulso entre Rabat y Madrid.
El Parlamento español acaba de aprobar una ley que permite la obtención de la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la administración española del Sáhara Occidental y a sus descendientes. La medida, que beneficiaría a entre 70.000 y 110.000 personas, constituye un serio retroceso político para Rabat y vuelve a poner de relieve una realidad histórica que la diplomacia marroquí lleva años intentando marginar.
España sigue vinculada directamente al expediente del Sáhara Occidental por su responsabilidad administrativa y colonial anterior. Esta ley recuerda, ante todo, que su retirada del territorio no condujo a la transferencia de la soberanía a Marruecos. Según el dictamen jurídico del consejero legal de las Naciones Unidas, Hans Corell, fechado el 29 de enero de 2002, los Acuerdos de Madrid no transfirieron a Marruecos ni la soberanía sobre el territorio ni el estatuto de potencia administradora. Por consiguiente, esa responsabilidad recae íntegramente y en exclusiva sobre España, que fue y sigue siendo, de pleno derecho, la potencia administradora del territorio saharaui ocupado.
La cuestión va, por tanto, mucho más allá de la nacionalidad. Al otorgar a los saharauis un derecho basado en su nacimiento bajo la administración española, Madrid reconoce la persistencia de un vínculo jurídico especial entre España y las personas descendientes de la población que vivió durante su anterior presencia en el Sáhara Occidental. Surge así un grupo de ciudadanos españoles cuyo pasado familiar está directamente ligado al territorio en disputa, lo que introduce una tercera dimensión en la ecuación: la responsabilidad histórica de la potencia administradora y los derechos vinculados a la población que vivía bajo su administración.
Para Rabat, este desarrollo representa una fuente de profunda confusión política. Debilita la narrativa según la cual el conflicto del Sáhara Occidental puede reducirse definitivamente a un conflicto territorial entre Marruecos y el Frente Polisario. Asimismo, recuerda una realidad sobre la que Marruecos prefiere guardar silencio: la retirada precipitada de España en 1975 no resolvió el estatus jurídico del territorio, sino que dejó tras de sí un conflicto cuyas repercusiones siguen produciendo efectos políticos, jurídicos y humanitarios.
Este desarrollo también minimiza la importancia de la declaración conjunta emitida el 7 de abril de 2022 entre Mohammed VI y Pedro Sánchez, que presentó la autonomía propuesta por Rabat como la base «más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto. El Parlamento español recuerda ahora que este viraje diplomático no basta para borrar la historia jurídica del territorio. El gobierno de Sánchez ha optado por una postura favorable a Rabat, pero el Parlamento reabre un debate que el acercamiento hispano-marroquí había contribuido a alejar: la cuestión de los derechos de los saharauis y las responsabilidades históricas de España. Marruecos puede obtener el apoyo del gobierno, pero le resulta mucho más difícil impedir que el Parlamento, la justicia o la sociedad española reabran expedientes relacionados con el pasado colonial.
Los riesgos para Rabat son dobles. Jurídico, en primer lugar, porque la nacionalidad española crea un vínculo individual permanente entre España y los saharauis beneficiarios de la ley. Político, en segundo lugar, porque este grupo de ciudadanos españoles puede otorgar mayor visibilidad a las cuestiones relacionadas con el Sáhara Occidental en el debate público español. Este desarrollo se produce en un contexto ya desfavorable para Rabat en lo que respecta a Ceuta. La crisis migratoria de 2021 demostró la capacidad de las autoridades marroquíes para utilizar la presión migratoria como medio de chantaje en sus relaciones con Madrid, y los informes oficiales españoles confirmaron la actitud preocupante de Rabat ante las advertencias reiteradas formuladas por la parte española antes de aquellos acontecimientos.
En este contexto, la visita prevista del rey de España a Ceuta adquirirá una connotación política extremadamente embarazosa para Rabat, al confirmar que las reivindicaciones marroquíes sobre las dos ciudades españolas no cambian nada en cuanto a la soberanía española ejercida sobre ellas. Asimismo, la probable visita del presidente argelino Abdelmadjid Tebboune a Madrid en octubre supondrá un nuevo retroceso diplomático para Marruecos. En el momento en que Rabat busca consolidar la posición de España sobre el Sáhara Occidental, Madrid afirmará al mismo tiempo su control sobre Ceuta y su deseo de fortalecer sus relaciones con Argelia.
