El ‘caso Taula’ es una de las tramas de corrupción más complejas de la democracia española. Una madeja de financiación ilegal, mordidas y contratos amañados que salpicó a lo más alto del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Diez años después de su estallido, el balance es elocuente: 27 condenados, 17 absueltos y 79 archivos. Pero lo más inquietante no son las cifras, sino el modo en que la justicia parece aplicarse con distinto rasero según a quién se juzgue.
Una muerte que borró la pieza clave
María José Alcón fue concejala de Cultura del Ayuntamiento de Valencia y pareja del exvicealcalde Alfonso Grau. En las conversaciones grabadas por la UCO, la exedil reconocía sin ambages su participación en el blanqueo de dinero: «Yo les tenía que hacer una transferencia legal para blanquear dinero, vamos, corrupción política total». Su testimonio era vital para destapar la trama.
El 16 de junio de 2018, Alcón apareció muerta tras precipitarse desde el balcón de su segunda residencia en Callosa d’En Sarrià. Su marido, Alfonso Grau, había salido a pasear con un amigo y al regresar encontró el cadáver. La Guardia Civil abrió una investigación, pero las circunstancias de su muerte nunca se aclararon del todo. Lo que sí quedó claro es que, sin su declaración, la acusación contra los principales implicados perdía una de sus patas fundamentales.
Cuando el testimonio se compra o se desdice
El caso de Jesús Gordillo es otro capítulo oscuro. Este exasesor de Grau fue quien aportó documentación clave sobre la caja B del PP al periódico Valencia Plaza, que a su vez la remitió a Anticorrupción. Su testimonio ante la UCO fue determinante para entender el entramado.
Pero en el juicio, Gordillo cambió radicalmente su versión. De repente, el testimonio que había desgranado minuciosamente ante la Guardia Civil se convirtió en una «declaración presionada». Echó la culpa a un empresario ya fallecido. El tribunal no se lo creyó: «No dijo la verdad en el juicio y sí cuando declaró en la fase de instrucción». La Audiencia ha pedido investigarle por falso testimonio.
¿Y qué ocurrió con Alfonso Grau, el cerebro de la trama? Condenado a cuatro años y medio de cárcel por malversación y a una multa de cinco millones por cohecho. Una pena que, para quien capitaneó una «operativa criminal de entregas de dinero por empresarios», resulta cuando menos llamativa.
Dos varas de medir
La pieza E del ‘caso Taula’, la que investigaba los contratos de la Concejalía de Cultura que dirigía Alcón, ha terminado en absolución. El tribunal considera que no hay pruebas del amaño ni de las mordidas. Marcos Benavent, el conocido «yonqui del dinero», ha sido absuelto en esta pieza. Sin el testimonio de Alcón, el caso se desmorona.
La pregunta que muchos se hacen es inevitable: ¿es casualidad que la principal testigo muera misteriosamente justo cuando su declaración podía resultar más dañina? ¿Es casual que el testigo que desveló la trama se retracte en el juicio? ¿Es casual que el PP, como persona jurídica, haya sido absuelto de responsabilidad civil en varias de las piezas?
Lo cierto es que el ‘caso Taula’ deja una sensación amarga. Mientras los corruptores confesos que acusan al PSOE son premiados con penas suspendidas, quienes señalan al PP se topan con muertes sospechosas, retractaciones oportunistas y tribunales que absuelven por falta de pruebas. No es conspiración. Es un patrón que se repite.
