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El Gobierno inicia una regularización extraordinaria para medio millón de migrantes

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El Consejo de Ministros aprobará este martes la tramitación urgente de un Real Decreto para la regularización de personas extranjeras en situación irregular que ya se encuentran en España, una medida que beneficiará a más de medio millón de personas y se desarrollará mediante decreto, sin necesidad de convalidación parlamentaria.

La medida, pactada con Podemos, tiene como objetivo «garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente», según ha afirmado el Gobierno. Se podrán acoger todas aquellas personas que puedan acreditar que estaban en España antes del 31 de diciembre de 2025, que carezcan de antecedentes penales relevantes y tengan al menos cinco meses de residencia en el país.

📄 Requisitos y Procedimiento

Los beneficiarios dispondrán hasta el próximo 30 de junio para presentar su solicitud. Para demostrar la estancia, se admitirán documentos como:

  • El empadronamiento.
  • Justificantes de envío de dinero (remesas).
  • Facturas de suministros (luz, agua) o contratos de alquiler.
  • Informes médicos o billetes de transporte.

Desde el momento de la admisión a trámite, se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar legalmente y acceder a servicios como la asistencia sanitaria. Además, quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos. Si la resolución es favorable, se obtendrá una autorización de residencia por un año, tras el cual se podrá solicitar una ordinaria.

🤝 Un acuerdo político para desbloquear una demanda social

El Real Decreto retoma el mandato de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 700.000 firmas y admitida a trámite en el Congreso en abril de 2024 con el apoyo de todos los grupos excepto Vox. Sin embargo, la iniciativa llevaba más de un año y medio bloqueada por la falta de acuerdo parlamentario.

La vía del Real Decreto permite al Gobierno esquivar la necesidad de convalidación en el pleno del Congreso, evitando así el previsible rechazo de la oposición de derecha y de algunos socios independentistas. Para Podemos, este acuerdo supone una victoria política tras meses de presión. La secretaria general del partido, Ione Belarra, ha afirmado que la fórmula «demuestra que se pueden hacer muchas cosas sin pasar por el Congreso» y que «esto permite frenar a la derecha y a la extrema derecha».

📢 Reacciones políticas y activismo

La medida ha generado reacciones encontradas:

  • Apoyo: Para el movimiento «Regularización Ya», impulsor de la ILP, el anuncio es un «sueño» que parecía «inalcanzable». Silvana Cabrera, representante de la plataforma, lo calificó de «ejercicio de reconocimiento, de reparación colonial y de memoria».
  • Críticas: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tachado la medida de «cortina de humo» y ha alertado sobre un supuesto «efecto llamada». El presidente de Vox, Santiago Abascal, la ha calificado de «invasión». Sin embargo, un estudio académico sobre la regularización masiva de 2005 concluye que aquel proceso no generó un efecto llamada significativo.

🇪🇺 Contexto histórico y europeo

España tiene un historial de regularizaciones extraordinarias bajo gobiernos de distintos signos. Las más importantes fueron las de Felipe González (PSOE) en 1986 y 1991, las de José María Aznar (PP) entre 1996 y 2001, y la última gran ola, con José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) en 2005, que benefició a cerca de 578.000 personas.

La medida sitúa a España en una posición singular en el contexto europeo actual, donde muchos países han endurecido sus políticas migratorias. No obstante, otros como Italia, Portugal o Alemania han implementado programas similares en los últimos años, a menudo vinculados a necesidades del mercado laboral o situaciones excepcionales como la pandemia.

El Gobierno estima que el proceso podría regularizar al 60% de las aproximadamente 840.000 personas en situación irregular que, según un informe de Funcas, vivían en España a principios de 2025. Con esta medida, España reactiva un instrumento que no se utilizaba a gran escala desde hace casi dos décadas.

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