Ecologistas en Acción exige que agosto sea declarado mes inhábil para plazos administrativos

La organización ecologista denuncia la «agosticidad», una práctica que perjudica a ciudadanos y asociaciones al acortar los ya ajustados tiempos para estudiar proyectos complejos y formular alegaciones.

La organización Ecologistas en Acción ha hecho un llamamiento urgente a los grupos parlamentarios del Congreso para que promuevan la declaración del mes de agosto como período inhábil a efectos del cómputo de plazos administrativos. Esta iniciativa, a la que la organización denomina «agosticidad», busca equiparar agosto a la inhabilidad ya disfrutada por los tribunales de justicia, que cierran durante este mes.

La propuesta no es nueva y encuentra un sólido aliado en el Colegio de Abogados y Abogadas de Madrid (ICAM). El pasado 28 de julio, el ICAM remitió al Congreso una Proposición No de Ley (PNL) con el mismo objetivo. En su texto, el colegio de abogados advierte de la «asimetría estructural entre Administración y ciudadano». Mientras la primera opera con total normalidad, los ciudadanos y sus representantes legales se enfrentan en agosto a graves desventajas técnicas y operativas debido a las vacaciones estivales.

El ICAM va más allá y denuncia una práctica «desleal» por parte de algunas administraciones: el «agosticidio», que consiste en notificar en agosto decisiones adversas, aprovechando la dificultad de respuesta de los afectados.

Ecologistas en Acción amplía la petición e insta a que también se declare inhábil el período navideño, del 24 de diciembre al 6 de enero, argumentando que es otra época usada estratégicamente para limitar la participación ciudadana.

Proyectos críticos con plazos en agosto

La organización ecologista aporta varios ejemplos recientes que ilustran el problema:

• El Plan de Carreteras 2025-2032 de la Comunidad de Madrid, con alegaciones abiertas hasta principios de septiembre.
• El Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid, cuyo plazo finaliza el 31 de agosto.
• Un proyecto hotelero en el Monasterio de El Paular, cuyo período de alegaciones termina el 30 de agosto.
• Un Real Decreto urgente para el refuerzo del sistema eléctrico, que tuvo un plazo de alegaciones extremadamente corto, finalizando el 11 de agosto.

Ecologistas en Acción subraya que, en la mayoría de los casos, las administraciones se acogen a los plazos mínimos legales, a pesar de tener la facultad de ampliarlos, especialmente cuando la documentación de los proyectos es «compleja, densa, amplia y en muchas ocasiones confusa e incompleta».

La organización concluye que esta situación, aunque actualmente legal, es «poco democrática» y perjudica gravemente el derecho a la defensa y la participación pública. Por ello, pide a los grupos parlamentarios que actúen y anima a otras organizaciones ciudadanas y rurales a sumarse a esta reivindicación.