La Junta presume de prevención mientras asfixia a la orientación educativa en Primaria
En Andalucía hay una escena que se repite con una puntualidad casi obscena. Tras cada tragedia escolar, tras cada caso extremo que acaba en titulares, comparece algún responsable político con gesto grave y frase ensayada: “no se pudo detectar a tiempo”. Se pronuncia como si fuera una fatalidad inevitable, como si la detección temprana dependiera de la intuición y no de un sistema bien dotado. Y ahí, exactamente ahí, empieza la gran mentira institucional. Porque lo que rara vez se explica es que la orientación educativa en Primaria lleva años funcionando al límite del colapso.
Los Equipos de Orientación Educativa sostienen una de las tareas más delicadas del sistema público: identificar dificultades de aprendizaje, problemas emocionales, situaciones de riesgo social, acoso escolar o necesidades educativas especiales cuando aún es posible intervenir con eficacia. Sin embargo, lo hacen sin recursos, sin presupuesto propio y con ratios directamente inasumibles. Orientadoras que atienden a cientos de alumnos, repartidas entre numerosos centros, saltando de colegio en colegio sin tiempo real para observar, escuchar ni acompañar. Así no se previene nada; así solo se llega tarde.
La precariedad material roza lo surrealista. Falta papel, faltan pruebas actualizadas, faltan espacios dignos y faltan horas. Hay profesionales que se ven obligadas a reutilizar fotocopias de tests porque no existe dotación económica para adquirir materiales básicos de evaluación. Despachos compartidos o inexistentes, ausencia total de apoyo administrativo y una carga burocrática que devora el tiempo que debería dedicarse a los menores. Todo ello mientras la Junta de Andalucía, presidida por Juan Manuel Moreno Bonilla, presume de gestión eficaz y estabilidad presupuestaria. Una estabilidad que, curiosamente, nunca alcanza a los servicios que sostienen la prevención real. A esta asfixia estructural se suma una presión social creciente.
Cada vez más familias demandan evaluaciones inmediatas, convencidas de que su hijo tiene altas capacidades o necesita un diagnóstico urgente. No siempre hay mala fe, pero sí un sistema colapsado que acaba dedicando tiempo y energía a quien más insiste, mientras los casos más complejos y vulnerables esperan. La orientación, concebida para garantizar equidad, termina atrapada entre demandas infinitas y medios inexistentes. El resultado es un modelo que empuja a la orientación a la gestión de urgencias permanentes. No hay tiempo suficiente para la observación en aula, la coordinación con el profesorado ni el trabajo serio con las familias. Se parchea, se prioriza a la desesperada y se asume que no se llega a todo. Después, cuando un problema grave estalla, se activa el discurso de la sorpresa institucional y la búsqueda de responsabilidades individuales. Nunca estructurales. Nada de esto es casual. Es una decisión política. El Partido Popular ha optado por recortar donde menos ruido hace, en servicios que no ocupan portadas hasta que fallan de forma dramática. Entonces llegan los minutos de silencio, las declaraciones solemnes y las promesas de revisar protocolos.
Protocolos que ya existen, pero que no se aplican porque nadie ha querido dotar a los profesionales del tiempo y los recursos necesarios para cumplirlos. Defender la orientación educativa en Primaria no es una reivindicación corporativa ni un capricho ideológico. Es una cuestión de justicia social. En una comunidad marcada por la desigualdad, la pobreza infantil y el aumento de los problemas de salud mental, recortar en orientación es recortar en prevención, en protección y en futuro. Si la Junta de Andalucía quiere dejar de fingir sorpresa ante los desenlaces terribles, debería empezar por escuchar a quienes llevan años avisando de que así no se puede trabajar.
Porque lo que no se detecta no es por falta de profesionalidad. Es por falta de voluntad política. Y de eso, por mucho que luego se llenen la boca en los mítines, alguien tendrá que responsabilizarse.
