Cada verano, el humo que cubre los cielos de media España no es solo el de los pinos y jarales en llamas. Es también el humo político con el que los gobiernos autonómicos del Partido Popular tratan de tapar una realidad incómoda: la suya es una gestión del fuego que se sostiene en la precariedad, los recortes y el negacionismo climático.
En Castilla y León, por ejemplo, los incendios ya han arrasado más de 37.000 hectáreas, el peor balance desde 1968. Pero lo llamativo no son solo las llamas, sino los números detrás de ellas: en 13 años, la Junta ha recortado un 86 % en prevención, reduciendo el presupuesto de más de 10 millones a apenas un millón. Y este verano, casi la mitad de lo presupuestado seguía sin ejecutar cuando los fuegos comenzaron a devorar montes y pueblos.
El guion se repite en otras comunidades del mismo color político. En Navarra, el Gobierno foral de UPN —aliado natural del PP— recortó un 48 % los fondos de prevención en 2025, justo cuando los técnicos advertían de un riesgo extremo por la sequía. En Galicia, la Xunta ordenó retirar bomberos urbanos en plena emergencia y solo rectificó cuando la prensa lo sacó a la luz. En Andalucía, pese a los anuncios de inversión, faltan más de 200 bomberos forestales, se utilizan equipos de protección caducados y las torres de vigilancia siguen obsoletas. Y en la Comunitat Valenciana, directamente no había efectivos suficientes para poder enviar ayuda a otras regiones. Todo esto lo saben bien quienes se juegan la vida en el monte. Bomberos veteranos como Cristóbal Lendínez, en Jaén, lo han resumido sin rodeos: “Con los recortes estamos exponiendo nuestra tierra al máximo riesgo.
La tragedia se palpa”. Negar el fuego para negar la culpa La respuesta de algunos presidentes autonómicos del PP ha sido la de siempre: eludir responsabilidades.
El de Castilla y León aseguró que los incendios son “cíclicos e imprevisibles”, mientras su consejero llegó a tachar la prevención de “despilfarro absurdo”. Otros, como Alberto Núñez Feijóo, elevaron el tono con discursos sobre “terrorismo incendiario” y un supuesto 80 % de fuegos intencionados. La estadística oficial es demoledora: apenas el 7,6 % son provocados de forma deliberada. El negacionismo climático completa el cuadro. Si no hay cambio climático, no hay nada que prevenir. Y si todo es obra de unos pirómanos anónimos, la responsabilidad política se esfuma en el humo.
La política de la ceniza El resultado de esa mezcla de recortes y discursos es una estrategia condenada al fracaso: gastar casi todo en extinción y casi nada en prevención. En España, el gasto preventivo se ha desplomado casi un 60 % en 15 años, mientras los montes se llenan de combustible esperando la chispa. Lo demás son parches: helicópteros en foto, bomberos exhaustos y presidentes autonómicos haciendo declaraciones de tertuliano en prime time, justo lo que reprochaba el ministro Óscar López: “La prioridad es apagar los incendios, no salir en la foto”.
La catástrofe, sin embargo, no es solo ecológica. Lo que se quema no son únicamente hectáreas de monte: es también un modelo de gestión pública reducido a cenizas por la incompetencia y los recortes.
