Nueve militantes denuncian amenazas, acoso sexual, homofobia y espionaje interno en un expediente que Génova ha decidido archivar sin enviar a la Fiscalía
Hay infiernos que no están en novelas, sino en sedes políticas. Nueve militantes y exmilitantes de Nuevas Generaciones y del propio Partido Popular madrileño han descrito a ElPlural.com un entorno tan tóxico que cuesta creer que se refieran a un partido que aspira a gobernar España. Amenazas físicas, propuestas de favores sexuales a cambio de información, espionaje interno, homofobia, machismo y xenofobia normalizada. Pero lo más escandaloso no son los hechos, sino la respuesta del partido: archivar el caso internamente y no trasladarlo a la Fiscalía, pese a la gravedad de las acusaciones.
Los testimonios dibujan un ecosistema de miedo y abuso de poder que se habría normalizado durante años, especialmente en el ámbito juvenil. Relatan cómo cargos de responsabilidad agarraban del rostro a compañeros para impedir dimisiones, con la frase «aquí no dimite ni Dios» como amenaza recurrente. Jóvenes militantes, algunos recién cumplidos los 18 años, necesitaron medicación psiquiátrica, antidepresivos e incluso ingresos hospitalarios por crisis de pánico derivadas del acoso sistemático. Pero donde la degradación moral alcanza cotas más bajas es en la instrumentalización del sexo como moneda de cambio. Varios denunciantes aseguran haber recibido insinuaciones para mantener relaciones sexuales con personas vinculadas a consejerías o estructuras del partido con el objetivo de conseguir datos o favores políticos. «Todo valía», resume uno de ellos.
Las mujeres, según los relatos, sufrían comentarios machistas habituales, cosificación y bromas constantes sobre prostitución como parte del día a día. La homofobia y la xenofobia tampoco eran sutiles. Se referían a los militantes homosexuales como «el ejército de maricones para ir a los actos», utilizándolos para llenar eventos mientras los ridiculizaban en privado. Los militantes de origen latino denuncian comentarios despectivos continuos y una presencia puramente decorativa en actos para proyectar una falsa imagen de diversidad. El espionaje interno aparece como herramienta de control sistemático. Seguimientos informales, elaboración de informes sobre compañeros considerados «amenazas» y una obsesión por la vida personal de los afiliados para «poner la cruz» a quienes no encajaban. Todo esto, sumado a un uso irregular de datos personales que en alguna ocasión requirió incluso la intervención de la Policía Nacional en la sede madrileña. Frente a esta montaña de acusaciones, la respuesta del PP ha sido el silencio administrativo. Fuentes del partido reconocen haber recibido el burofax con las denuncias y que el Comité de Derechos y Garantías abrió un expediente, pero lo archivó al considerar que los hechos «no quedaron probados».
Los denunciantes, sin embargo, niegan haber recibido notificación formal alguna y acusan a los instructores de actitud «despectiva» y «poco profesional». Lo que revela este escándalo no es solo la podredumbre moral de una parte del PP madrileño, sino la complicidad de una cúpula que prefiere tapar antes que limpiar. Mientras el partido de Feijóo se presenta como alternativa de gobierno, en sus sedes se normalizan prácticas que serían motivo de escándalo en cualquier empresa.
La pregunta es inevitable: si esto hacen con sus propios militantes, ¿qué no harán si llegan al poder? El archivo interno no cierra el caso, solo lo convierte en una herida supurante que acabará por infectar a todo el partido.
