La Asociación Vecinal Delicias para Todos ha presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 29, que desestimó su recurso contra el decreto del Distrito de Arganzuela que regula el uso del auditorio del Parque Enrique Tierno Galván para la celebración de eventos. La entidad confía en que este caso permita al alto tribunal madrileño fijar criterio sobre la frontera entre un acto administrativo y una disposición general, así como sobre las garantías de participación ciudadana exigibles en la gestión del espacio público.
Un decreto cuestionado por su naturaleza normativa
El conflicto se remonta a la aprobación del decreto municipal que establece las condiciones para la realización de eventos en el anfiteatro del parque, un espacio situado a menos de 200 metros de las viviendas más cercanas. La asociación vecinal sostiene que este decreto no es un mero acto administrativo, sino una disposición de carácter general con vocación de permanencia que crea obligaciones nuevas y fija criterios vinculantes para futuras autorizaciones. Por ello, entienden que su aprobación requería un procedimiento específico y la intervención del Pleno municipal, trámites que no se cumplieron.
El artículo 206, eje de la batalla legal
El recurso defiende la plena vigencia del artículo 206 de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano, que prohíbe la utilización con fines particulares de los bienes de dominio y uso público en detrimento de su naturaleza y destino. Los vecinos denuncian que el decreto abre la puerta a una «rentabilización comercial» del parque bajo la cobertura genérica del «interés general» o «interés cultural».
Una lucha vecinal que trasciende el caso concreto
La apelación se produce después de semanas de movilizaciones vecinales contra la celebración de festivales como el Maudes Festival o el Alma Festival, que según los residentes han privatizado el corazón del parque y han generado ruidos inaceptables. «La utilización del artículo 19 para considerar este festival un acto de ‘interés general’ supone un fraude de ley arbitrario», denunciaban desde la asociación. El Ayuntamiento, por su parte, defiende el decreto como una herramienta para «evitar la masificación, facilitar la convivencia vecinal y garantizar el uso público del parque».
La asociación vecinal subraya que este conflicto refleja una preocupación compartida por numerosas entidades de distintos barrios de Madrid sobre un modelo de ciudad que «mercantiliza el espacio público y las zonas verdes» de forma creciente.
 contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 29, que desestimó su recurso contra el decreto del Distrito de Arganzuela que regula el uso del auditorio del Parque Enrique Tierno Galván para la celebración de eventos. La entidad confía en que este caso permita al alto tribunal madrileño fijar criterio sobre la frontera entre un acto administrativo y una disposición general, así como sobre las garantías de participación ciudadana exigibles en la gestión del espacio público.){kind=link}