Nuevo interrogatorio judicial a ex altos cargos de Ayuso por las muertes en residencias durante la pandemia

Tres exdirectivos de la Consejería de Sanidad madrileña declararán este martes por el «Protocolo de la Vergüenza», que restringió las hospitalizaciones de mayores. Un juez investiga una posible denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria.

«Que Mur aclare de una vez quién le ordenó firmar y enviar a los hospitales el Protocolo de la Vergüenza», exigen desde las asociaciones de víctimas, que piden responsabilidades políticas.

Madrid, 10 de febrero de 2026 — Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca Ostalaza, tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, están citados a declarar este martes a partir de las 10:00 horas como imputados ante el Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid. Se trata del quinto procedimiento judicial que investiga la gestión de las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia de COVID-19 en la región.

Los investigadores tratan de esclarecer la responsabilidad en la aplicación de los «protocolos de la vergüenza», unas directrices que, según las acusaciones, impidieron el traslado a hospitales de miles de ancianos enfermos y agravaron la crisis humanitaria en las residencias. El juzgado indaga un presunto delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, tipificado en el artículo 511 del Código Penal.

Los imputados y sus declaraciones previas

Los tres exdirectivos, que ocupaban puestos clave en la coordinación sociosanitaria y las urgencias médicas en marzo de 2020, ya han comparecido en otras causas. Sus testimonios anteriores revelan una estrategia de descarga de responsabilidades hacia la cadena de mando:

El foco de la investigación

La causa abierta en el juzgado 37 se originó por la querella de una mujer cuya madre residía en la Residencia Manoteras de Madrid durante la primavera de 2020. El protocolo bajo investigación establecía criterios de triaje que restringían drásticamente las derivaciones hospitalarias, priorizando factores como el nivel de dependencia o la discapacidad intelectual.

En su última declaración, Mur añadió un dato crucial: reconoció que estos protocolos solo habrían tenido sentido si las residencias hubieran estado correctamente medicalizadas, admitiendo que en casos como la residencia Amavir Valdebernardo no existía la dotación sanitaria suficiente para atender a pacientes graves.

La petición de las víctimas: responsabilidad política

Las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia 7.291, que representan a los familiares, insisten en que las investigaciones deben ascender en la cadena de mando. Aunque valoran que Mur haya nombrado a sus superiores, le urgen a que «aclare de una vez quién le ordenó firmar y enviar a los hospitales el Protocolo de la Vergüenza».

Estas asociaciones también dirigen sus críticas a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Denuncian que, seis años después, sigue sin explicar por qué no se destinó a las residencias el personal sanitario disponible (1.826 médicos y enfermeros), enviando en su lugar a la mayoría al hospital de campaña de Ifema y a hoteles medicalizados. En un reciente enfrentamiento dialéctico, Ayuso calificó a estas plataformas de «plataformas de frustrados», un comentario que luego matizó.

La situación judicial se complica por el «aforamiento» de algunas figuras clave. Enrique Ruiz Escudero es ahora senador por designación autonómica, y Ana Dávila fue ascendida a consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Además, una causa separada en Collado Villalba podría, en última instancia, dirigirse hacia la propia presidenta Ayuso, quien está aforada ante el Tribunal Supremo.

Un mosaico judicial por resolver

Actualmente, varios juzgados de Madrid investigan hechos similares en función del partido judicial donde residían los fallecidos. Las partes están a la espera de una decisión de la Audiencia Provincial sobre la posibilidad de acumular todos los procedimientos en una sola macrocausa, similar a lo ocurrido con la «Dana» valenciana, para evitar duplicidades y dar coherencia a la investigación.

El desenlace de estas diligencias determinará si las decisiones tomadas en los momentos más críticos de la pandemia, que según las asociaciones dejaron un saldo de 7.291 fallecidos en las residencias madrileñas, conllevan responsabilidades penales más allá de los mandos intermedios.