Los madrileños pagaron 24,1 millones en intereses a Quirón en 2025: el sobrecoste de la privatización sanitaria

El coste de externalizar la sanidad pública en la Comunidad de Madrid sigue disparándose. Solo en 2025, los contribuyentes madrileños abonaron 24,1 millones de euros al Grupo Quirón en concepto de «intereses compensatorios» por liquidaciones de libre elección y actividad sustitutoria pendientes desde 2015, a los que se suman intereses de demora fijados por sentencias judiciales.

Estos pagos se enmarcan en una cascada de aprobaciones millonarias en los Consejos de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Según ha podido documentar la oposición, desde enero de 2025 el Ejecutivo regional ha firmado 23 acuerdos para realizar pagos extraordinarios a Quirón y Ribera Salud que superan los 1.200 millones de euros . Solo en la reunión del 23 de diciembre de 2025 se autorizaron más de 500 millones para estos conceptos.

Una factura que siempre sube

El modelo de colaboración público-privada que rige en Madrid desde 2012, basado en la libre elección de médico y hospital, genera un sistema de facturación opaco que recurrentemente termina con sobrecostes millonarios. En 2023, por ejemplo, la Fundación Jiménez Díaz —el principal hospital del Grupo Quirón— recibió inicialmente 373 millones presupuestados, pero la factura final ascendió a 540 millones.

La tendencia es constante: entre 2019 y 2024, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha pagado 2.354 millones más de lo presupuestado a Quirón y Ribera Salud, sumando una factura total de 6.663 millones de euros . El PSOE denuncia que los hospitales públicos de gestión directa «tienen el presupuesto ajustadísimo y tienen que pelear cada céntimo extra, mientras los de Quirón ejecutan el doble o el triple sin problema alguno».

Fondos de las residencias para pagar a Quirón

Uno de los episodios más polémicos fue destapado por la Cámara de Cuentas: en junio de 2024, el Consejo de Gobierno autorizó transferir 61,5 millones de euros de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) —responsable de las residencias públicas de mayores— al Servicio Madrileño de Salud para abonar liquidaciones pendientes a Quirón . El dinero procedía de remanentes no invertidos en infraestructuras para mayores; de hecho, ese año el AMAS ejecutó solo el 39% de su presupuesto de inversiones.

Puertas giratorias y falta de control

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, trabajó 17 años para Quirónsalud como médica radióloga y directora asistencial, un vínculo que omitió en el Portal de Transparencia autonómico . Desde Más Madrid, su portavoz de Sanidad, Marta Carmona, denuncia que «este modelo de gestión está desangrando la sanidad pública madrileña» y ha llevado el caso a la Fiscalía al considerar que «hay un caudal de dinero público que se está yendo a empresas privadas sin ningún tipo de control».

Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad alertaba en su último informe de una «privatización estructural» del sistema sanitario, donde la lógica de las empresas privadas «responde al beneficio, no al interés general» . Y la factura, año tras año, la pagan los madrileños.