La presidenta de la Comunidad de Madrid ha rechazado este miércoles dar explicaciones en el pleno de la Asamblea sobre su vinculación con la compra de un ático de lujo situado frente a la vivienda de su madre. La oposición ha denunciado que el inmueble, adquirido por una sociedad vinculada a su entorno, iba a ser destinado a su residencia personal, pero la publicación de esta información por parte de varios medios de comunicación habría evitado que el plan culminara, según fuentes parlamentarias.
El caso ha reavivado las críticas por el alojamiento de la mandataria durante la pandemia, cuando residió en un hotel de lujo en el centro de Madrid mientras la población cumplía estrictas restricciones de movilidad. Fuentes de la oposición han recordado que aquella decisión ya generó un fuerte desgaste político, y consideran que el nuevo episodio evidencia un patrón de opacidad en la gestión de los asuntos personales de la presidenta.
La portavoz del Grupo Socialista ha exigido la comparecencia urgente de la mandataria para aclarar la operación inmobiliaria y ha señalado que «los madrileños tienen derecho a saber si la presidenta iba a utilizar un inmueble adquirido con fondos vinculados a su entorno para uso particular, especialmente cuando este tipo de operaciones se han frenado únicamente por la presión mediática». Desde Más Madrid han calificado la situación como «inadmisible» y han anunciado que solicitarán la creación de una comisión de investigación.
El gobierno regional se ha limitado a emitir un comunicado breve en el que asegura que la presidenta «no tiene nada que ocultar», pero ha eludido responder a las preguntas concretas sobre el ático. Fuentes del Ejecutivo autonómico han señalado que la información publicada es «inexacta» y que la operación no reviste irregularidad alguna, sin ofrecer más detalles.
Paralelamente, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) ha criticado la decisión del Gobierno regional de elegir al arquitecto encargado de la reforma del Palacio de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad, sin convocar un concurso público. En un comunicado, el COAM ha advertido que esta contratación directa «vulnera los principios de transparencia y libre concurrencia» y ha solicitado la apertura de un proceso abierto para garantizar la elección del mejor proyecto.
La reforma del Palacio de Correos, uno de los edificios más emblemáticos de la capital, ha estado rodeada de controversia desde que se anunció el proyecto. El Colegio de Arquitectos ha subrayado que «la relevancia del inmueble y el importe de la intervención exigen un procedimiento riguroso», y ha recordado que la contratación sin concurso público «no es la práctica habitual en obras de esta envergadura».
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local ha defendido la elección del arquitecto alegando razones de «urgencia y eficiencia», pero no ha detallado el coste estimado ni el alcance de la reforma. La oposición ha criticado que el Gobierno regional actúe «con total opacidad» y ha anunciado que llevará esta cuestión a la Asamblea para exigir explicaciones.
Mientras tanto, la presidenta ha evitado pronunciarse sobre ambas polémicas y ha preferido centrar su discurso en los proyectos de inversión en infraestructuras sanitarias. La negativa a dar explicaciones en el pleno ha sido interpretada por la oposición como una estrategia para esquivar el escrutinio público, en un contexto en el que el gobierno autonómico se enfrenta a críticas crecientes sobre su gestión administrativa.
Este nuevo frente de polémica añade presión al Ejecutivo regional, que ya había sido cuestionado por la gestión de los fondos públicos y la transparencia en la contratación. Los partidos de la oposición han anunciado que seguirán exigiendo responsabilidades tanto por el asunto del ático como por la reforma del Palacio de Correos.





