El proyecto de ley, impulsado por el Gobierno regional, elimina las vedas estacionales, amplía las especies cazables a 31 y restringe el acceso de la ciudadanía a caminos públicos y ríos
Más de cinco mil personas se han concentrado esta mañana frente a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, para expresar su rotundo rechazo al proyecto de Ley de Caza que el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso pretende aprobar en los próximos meses. La protesta, convocada por la plataforma Madrid sin Caza —que agrupa a la Plataforma Ecologista Madrileña, la Asociación Empatía y la Plataforma NAC No a la Caza—, ha logrado llenar la Puerta del Sol con pancartas que rezaban «Los animales no son trofeos» y «El campo es de todos, no de los cazadores».
La nueva normativa, calificada por las organizaciones ecologistas como «la ley más agresiva contra la biodiversidad y los derechos ciudadanos de la democracia», supondría una transformación radical del modelo de gestión del territorio en la región.
Una ley que abre la veda permanente
El texto, que según denuncian los colectivos ha sido redactado «al dictado de los grandes lobbies cinegéticos», introduce cambios sustanciales que han encendido todas las alarmas:
- Caza 365 días al año: Se elimina por completo el concepto de veda, permitiendo la actividad cinegética sin interrupción estacional, lo que acabaría con los períodos de descanso biológico de las especies.
- Ampliación de especies cazables: Se pasa de 24 a 31 especies, incluyendo aves de humedal como gansos, ánades reales y agachadizas, cuyas poblaciones se encuentran en declive en la Península Ibérica.
- Prohibición de acceso a caminos públicos: Durante las jornadas de caza, los ciudadanos no podrán transitar por caminos públicos ni por los márgenes de los ríos, restringiendo de facto el derecho al uso y disfrute del medio rural.
- Legalización de prácticas crueles: Se recuperan modalidades prohibidas como la caza de paloma con cimbel y la perdiz con reclamo, que utilizan animales vivos como señuelo.
- Tecnología de acoso: Se autoriza el uso de drones, visores nocturnos y cámaras térmicas, eliminando cualquier posibilidad de refugio para los animales.
- Concentración masiva de perros: Se fijan rehalas de entre 18 y 40 perros por cada 40 hectáreas, lo que en una montería de tamaño medio puede suponer la concentración de hasta 500 perros en una sola jornada, en condiciones que las protectoras consideran «maltrato institucionalizado».
Cifras que escandalizan: el 0,63% decide sobre el 70% del territorio
La plataforma Madrid sin Caza ha difundido datos demoledores: solo el 0,63% de la población madrileña (43.855 personas) posee licencia de caza, mientras que más del 70% del territorio regional está catalogado como terreno cinegético. «Es un despropósito que menos del 1% de la población decida sobre el 70% del suelo de Madrid», denunció uno de los portavoces de la plataforma durante la protesta.
«Esta ley no solo atenta contra la biodiversidad, sino que convierte a los ciudadanos no cazadores en intrusos en su propio campo. Nos cierran los caminos, nos expulsan de los ríos, nos penalizan por protestar», añadió.
El Gobierno regional se pliega a los grandes intereses
Diversas fuentes cercanas a la negociación del texto legal han señalado que el proyecto ha sido consensuado directamente con las asociaciones de cazadores, propietarios de fincas y terratenientes, sin contar con la participación de colectivos ecologistas, vecinales o científicos.
«El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha entregado la redacción de la ley a los grandes lobbies de la caza. Detrás de esta norma están los mismos terratenientes que han convertido extensas áreas de la región en cotos privados cerrados al público. No es una ley de gestión cinegética, es una ley de expropiación del uso público del territorio», denunció en el acto una representante de la Asociación Empatía.
La indignación se ha extendido rápidamente por redes sociales con los lemas #MadridSinCaza y #ElCampoNoSeVende, y la plataforma ha anunciado que continuará con movilizaciones en los municipios rurales más afectados, así como una campaña de recogida de firmas para instar a la Asamblea de Madrid a rechazar el proyecto.
Desde el Ejecutivo autonómico, fuentes oficiales consultadas defendieron que la ley «moderniza la actividad cinegética, fomenta el desarrollo rural y garantiza la sostenibilidad de las especies», si bien no han accedido a valorar las acusaciones de haber actuado al dictado de los intereses privados.
