Por B. Rojas
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que el actual Partido Popular “no tiene nada que ver” con el conocido caso Kitchen, subrayando que se trata de hechos ocurridos hace más de una década. Según sus palabras, quienes hoy dirigen el partido no guardan relación con aquella etapa, y ha criticado al PSOE por intentar “empatar” responsabilidades políticas trayendo al presente casos del pasado. Sin embargo, estas declaraciones abren un debate inevitable sobre la coherencia en el discurso político.
Mientras se apela al paso del tiempo para desvincular responsabilidades en unos casos, surgen preguntas cuando aparecen situaciones más recientes. Por ejemplo, la detención de una veintena de personas por presuntos casos de corrupción en Almería la pasada semana pone sobre la mesa si estos hechos también deben considerarse “cosas del pasado” o si, por el contrario, merecen una respuesta política inmediata y contundente. A este escenario se suma un elemento especialmente controvertido: la dilatación de ciertos procesos judiciales. No son pocas las voces que señalan que algunos casos se alargan durante años en los tribunales, lo que acaba facilitando que, cuando finalmente llegan a juicio o a la opinión pública, puedan presentarse como hechos lejanos en el tiempo. Esta percepción se vuelve aún más delicada cuando se apunta a que determinados jueces, considerados próximos a ciertas corrientes ideológicas, podrían contribuir —de forma directa o indirecta— a estas demoras, alimentando la sospecha de que el paso del tiempo no siempre es casual, sino funcional a determinados intereses. En este contexto, también se ha generado polémica en torno a la situación judicial que afecta al entorno personal de Isabel Díaz Ayuso, concretamente a su pareja, lo que ha intensificado el debate sobre los tiempos de la justicia y su utilización en el discurso político. Para muchos ciudadanos, la sensación es que estos procesos se dilatan lo suficiente como para que, llegado el momento, puedan ser presentados como irrelevantes o lejanos, encajando en el mismo argumento de “hechos del pasado” que se utiliza en otros casos.
La cuestión se vuelve así más compleja: no solo se debate sobre la responsabilidad política, sino también sobre los tiempos de la justicia y su posible impacto en el relato público. Si los procesos se prolongan, el argumento de que “todo ocurrió hace mucho” gana fuerza, debilitando la exigencia de responsabilidades inmediatas. Al mismo tiempo, resulta llamativo que, en otros contextos, sí se recurra a hechos ocurridos hace décadas para establecer vínculos políticos en el presente. En este sentido, la referencia frecuente a EH Bildu en relación con el pasado de ETA evidencia una doble vara de medir: lo antiguo pierde validez en unos casos, pero sigue siendo utilizado como argumento en otros. Este contraste plantea una reflexión de fondo sobre la responsabilidad política, la memoria y también el funcionamiento de la justicia. ¿Debe el paso del tiempo diluir la rendición de cuentas? ¿O, por el contrario, la coherencia exige aplicar el mismo criterio a todos los casos, independientemente del partido o del contexto? La ciudadanía merece respeto. Y ese respeto pasa por no adaptar el discurso según convenga en cada momento, por no utilizar los tiempos judiciales como herramienta política y por no caer en contradicciones que erosionan la confianza pública.
En un escenario político cada vez más polarizado, la exigencia no es solo de transparencia, sino también de coherencia: que el pasado no se utilice ni como escudo ni como arma, y que las responsabilidades se asuman con el mismo rigor en todos los casos.
