Maricarmen, de 87 años, vive la pesadilla que sufren cada vez más madrileños y madrileñas. El próximo miércoles podría perder la vivienda donde reside desde hace 70 años, cuando llegó con apenas 17.
La empresa Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L, representante de los llamados «fondos buitre», ha logrado una sentencia del Tribunal Supremo que autoriza su desahucio, a pesar de que Maricarmen ha pagado religiosamente un alquiler de 440 euros durante décadas.
El caso ejemplifica cómo la Comunidad de Madrid se ha convertido en el territorio preferido de estos fondos de inversión, que operan con total impunidad gracias al marco regulatorio favorable creado por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta regional se niega sistemáticamente a aplicar la Ley de Vivienda aprobada hace dos años en el Congreso, una norma que precisamente busca proteger a los inquilinos frente a prácticas abusivas como la que sufre Maricarmen.
La situación se agravó cuando Urbagestión notificó a la anciana una subida del alquiler del 275%, pasando de 440 a 1.650 euros mensuales. Para una pensionista que cobra 1.450 euros, esta imposible cifra equivale a un desahucio encubierto. Aunque inicialmente ganó en los juzgados, el fondo recurrió hasta el Supremo, que finalmente le dio la razón.
Ante esta injusticia, el Sindicato de Inquilinas ha organizado una semana de movilizaciones que incluirá un pasacalles el lunes, la concentración para paralizar el desahucio el miércoles, y una manifestación contra los fondos buitre el jueves. «Hay que echar a los fondos buitre y hay que echar a Ayuso», declararon portavoces del movimiento, que considera la lucha de Maricarmen como símbolo de la defensa del derecho a la vivienda en una comunidad donde los especuladores campan a sus anchas.
