La Cámara de Cuentas investigará los contratos taurinos de Ayuso tras señalar a una empresa de un solo empleado que acapara el 30% de las adjudicaciones

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha abierto una investigación para esclarecer «posibles irregularidades» en los convenios y contratos relacionados con los festejos taurinos otorgados por el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso entre 2021 y 2025. El foco de la investigación apunta a las presuntas prácticas clientelares y a la concentración de adjudicaciones en empresas vinculadas a la Fundación Toro de Lidia, una entidad tildada por parte del sector como «patronal de especulación».

El principal señalado es Espectáculos Marisma S.L., una compañía que, según documentación mercantil, tenía un solo empleado en 2024. A pesar de su reducida estructura, esta empresa se ha hecho de oro con el dinero público, acumulando más del 30% de los fondos destinados a la tauromaquia en la región. Solo en 2025, la firma obtuvo licitaciones por un valor superior al millón de euros en ayuntamientos gobernados mayoritariamente por el Partido Popular, como Las Rozas, Móstoles, Majadahonda y Brunete.

Los contratos, que abarcan desde la organización de corridas y suministro de ganado hasta el servicio de ambulancias, reflejan una estrecha relación con los consistorios populares. En Las Rozas, Marisma recibió cuatro contratos el mismo día por casi 136.000 euros para un festejo. En Majadahonda, se embolsó casi 500.000 euros para las fiestas patronales, con posibilidad de prórroga hasta 2027. La empresa cerró el ejercicio 2024 con un beneficio de 193.429 euros.

La investigación, solicitada por Más Madrid, también examinará los convenios entre el Centro de Asuntos Taurinos y la Fundación Toro de Lidia. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, calificó la situación como un «enésimo esquema clientelar» de Ayuso para beneficiar a «chiringuitos» con dinero público. Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya tumbó un convenio con dicha fundación por considerarlo una «subvención encubierta» que vulneraba la ley.