Lo que durante años ha sido una imagen de solvencia y compromiso social en el ámbito de la salud mental atraviesa ahora un momento de fuerte turbulencia interna. El Grupo Manantial, y en particular su mercantil Manantial Gestión SL, se encuentra en el epicentro de una controversia laboral que ha trascendido los muros de la organización para llegar a los plenos municipales y a la Asamblea de Madrid. Las trabajadoras, una plantilla mayoritariamente feminizada, denuncian lo que consideran un deterioro sistemático de sus condiciones laborales.
Según han trasladado fuentes internas, la subida salarial que marca el XVI Convenio Colectivo de Discapacidad habría tardado aproximadamente un año en regularizarse, pero el conflicto no termina ahí: a esa demora se suma una reducción unilateral del nueve por ciento en las nóminas tras la supresión del llamado plus de experiencia. El pasado 31 de diciembre, un total de 53 trabajadoras pusieron fin a su relación laboral mediante una rescisión por modificación sustancial de las condiciones de trabajo, un proceso que, según los testimonios, estuvo marcado por la presión de una falsa fecha límite. Como consecuencia, las afectadas aseguran haber permanecido 25 días sin cobrar sus nóminas, una demora que califican como castigo, y ya han sido informadas de que la resolución del conflicto pasará previsiblemente por la vía judicial, tal y como habría manifestado la propia directora general de la entidad, Elena Biurrun.
A este escenario se suman denuncias sobre reubicaciones forzosas que estarían desmantelando los Equipos de Apoyo Social Comunitario, una medida que las trabajadoras interpretan como una estrategia para eludir la subrogación y que, según señalan, contaría con la pasividad de la administración regional pese a los presuntos incumplimientos de los pliegos de contratación que en algunos recursos habrían supuesto la ausencia de profesionales de atención.
El malestar ha saltado del ámbito interno al político. Varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, entre ellos Rivas, Leganés y Fuenlabrada, han aprobado mociones de censura hacia la gestión de la entidad con los votos de Izquierda Unida, Más Madrid y PSOE. En la Asamblea de Madrid, diputadas de Más Madrid han protagonizado vídeos denunciando la situación, y concejalas de distintos municipios han alzado la voz en plenos y redes sociales.
El foco se ha intensificado en Fuenlabrada, donde la polémica ha adquirido un cariz particular. Tras la aprobación de una moción impulsada por Más Madrid y la difusión de un vídeo en el que una concejala local denunciaba la situación laboral, la entidad habría puesto en marcha una acción para recomponer su imagen pública en el municipio. Aprovechando la llegada del 8M, Día Internacional de la Mujer, la dirección del grupo ha organizado un acto en el que participará la periodista Isabel Jiménez, una iniciativa que las trabajadoras interpretan como un intento de maquillar la realidad de la empresa en una fecha tan señalada para la reivindicación de los derechos de las mujeres, justo cuando son ellas las que denuncian maltrato laboral.
La elección de la comunicadora no es casual para las trabajadoras. Isabel Jiménez es socia de Sara Carbonero en un negocio de moda sostenible llamado Slowlove, donde una de las empleadas es Claudia Gallego, hermana de la directora de los recursos de Manantial en Fuenlabrada. Este entramado de relaciones profesionales ha levantado suspicacias entre la plantilla, que ve con estupor cómo la entidad recurre a una cara famosa mientras ellas siguen sin cobrar lo que consideran su legítimo derecho y sin ser invitadas a participar en un acto que, paradójicamente, conmemora la lucha de las mujeres trabajadoras.
