Por Roberto Sotomayor
Solo 11 inspectores municipales controlan los 13.000 pisos turísticos ilegales que hay en Madrid. Si hablamos de control sobre la actividad de los locales de apuestas en nuestra ciudad, Madrid no tiene una unidad especializada de control y vigilancia en el acceso de menores y que asegure el cumplimiento estricto de la normativa.
En Madrid, muchos de los negocios de hostelería llevan años sin pasar las respectivas inspecciones. Cuando llegan las tragedias, como la ocurrida hace un año en un restaurante en Manuel Becerra, afloran las irregularidades. Madrid se ha convertido en un oasis para las denominadas ”declaraciones responsables”, de las que también quiso beneficiarse la pareja de Isabel Díaz Ayuso, en un piso cuyas obras ilegales fueron permitidas por el consistorio de Martínez Almeida.
El alcalde de Madrid manifestó hace un par de días que el Ayuntamiento cumple, tarde, pero cumple, que las inspecciones se tramitan y que los madrileños podemos estar seguros de que todo esto sucede. Pero no estoy tan seguro. Hoy mismo nos despertamos con la noticia de que el Ayuntamiento de Madrid amputó el expediente abierto por las obras ilegales en el piso donde actualmente vive la Presidenta madrileña: hojas en negro con multitud de tachados, documentación incompleta y sin enumerar, e informes que prueban que el piso de Alberto González Amador ejecutó obras ilegales durante meses bajo la permisividad del Ayuntamiento. Ni siquiera sabemos hoy en día cuándo inspeccionará Almeida las obras ilegales realizadas hace un año y medio. La justicia es igual para todos, ¿se acuerdan?
El asunto es tan turbio que el propio Ayuntamiento ha tratado de impedir el ejercicio de acceso a la información a un edil socialista. Hay países como Rusia en donde este comportamiento por parte de los responsables de la Administración es el mismo. La corrupción es tan profunda en el consistorio madrileño que llega a límites inimaginables. Es la seña identidad del PP después de más de 3 décadas en el poder, permitiendo que los tentáculos de la degeneración institucional se apodere de absolutamente todo, incluyendo a los propios encargados municipales que tratan a la desesperada de proteger al alcalde.
La falta de notificaciones oficiales a la pareja de Ayuso, pese a las enormes irregularidades (multiplicó hasta por diez su coste declarado, llegando a los 94.289 euros) y la nulo expediente sancionador sin que ni siquiera constara de ningún funcionario municipal la comprobación del resultado de la reforma ejecutada sin los permisos municipales, demuestra dos cosas que son tangibles: por un lado, la connivencia clara y absoluta del Ayuntamiento de Madrid en este asunto. Por otro, la absoluta falta de competencia por parte del Consistorio. La palabra inspección brilla por su ausencia en nuestra ciudad.
La falta de transparencia que rodea a todo ese asunto salpica a todo el mundo. De hecho, no puede pasar desapercibido el hecho de que el propio ex concejal del distrito Javier Ramírez fuera apartado de los puestos de salida de las listas electorales del PP después de haber puesto reparos a las obras en el que vive Ayuso. La corrupción termina convirtiéndose en mafia cuando se enquista en las instituciones. El hecho de que la propia Presidenta de la Comunidad de Madrid siga residiendo allí demuestra la clara sensación de impunidad con la que viven cada día. Es una anomalía democrática.
Es el Madrid de la libertad de la que siempre hablan Ayuso y Almeida. La libertad para saltarse las normas, y sortear las leyes. La libertad para gobernar solo para los suyos, beneficiando y protegiendo solo a los cercanos. La libertad para aprovecharse infinitamente de sus puestos de privilegio, mientras miles de ciudadanos cumplimos con las exigencias administrativas, pagamos nuestros impuestos religiosamente y nos sometemos escrupulosamente al imperio de la ley. El Ayuntamiento de Madrid en manos del PP es una especie de institución autócrata cuyos concejales de gobierno se han convertido en una suerte de personajes déspotas que hacen y deshacen a su antojo menospreciando la voluntad de miles de vecinos que reclamamos honestidad y rectitud. La democracia consiste también en exigir a nuestros gobernantes que hagan exactamente lo mismo que hacemos nosotros, esto es, cumplir con la Ley, porque de lo contrario, se convierten en tiranos.
