La situación de las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid alcanza un punto crítico. Colectivos y sindicatos denuncian que el sistema de valoración del grado de discapacidad, gestionado a través de los Centros Base, está colapsado. Las esperas se disparan hasta los 700 días, vulnerando los plazos legales y dejando a miles de personas sin acceso a derechos y prestaciones fundamentales.
Más de 20.000 personas atrapadas en la lista de espera
La reivindicación principal gira en torno a las demoras insostenibles en el reconocimiento del grado de discapacidad. Según denuncias del sindicato CSIF, avaladas por informes técnicos, actualmente hay más de 20.000 personas pendientes de una valoración y, de ellas, 13.000 ni siquiera han recibido una primera citación. Esta situación afecta especialmente a quienes necesitan este certificado para acceder a ayudas, empleo o servicios de apoyo.
La realidad supera con creces lo establecido por la ley. Mientras la normativa fija un plazo máximo de seis meses para resolver el expediente, la espera media real se ha disparado: la Comunidad de Madrid reconoce una espera de 310 días para la primera cita y de 330 para la resolución, pero los datos del Defensor del Pueblo y las denuncias sindicales confirman que las demoras individuales superan los 700 días, casi dos años. A esta acumulación se suma una presión diaria de 160 nuevas solicitudes.
El colapso se atribuye a una «falta estructural de medios personales, materiales y organizativos», como señala CSIF. El sindicato denuncia que, de los 418 puestos en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), 251 están vacantes o cubiertos por interinos, y un centenar de plazas están sin cubrir a diario. La ocupación de plazas de médicos generalistas en los Equipos de Valoración es de apenas el 74 %.
Movilizaciones y reivindicaciones: «Nos abandonan y nos roban»
Organizaciones como CERMI Comunidad de Madrid han llevado la protesta a la Asamblea regional, exigiendo una ley autonómica de garantía de derechos y la eliminación urgente de las listas de espera. «Cada día de intervención temprana es una inversión de futuro», señaló su presidenta, Mayte Gallego, advirtiendo del coste social y humano de estos retrasos.
Ante esta situación de «vulneración de derechos», como se lee en el texto de la convocatoria, las protestas se intensifican. Por un lado, CSIF ha solicitado una reunión con la Consejería de Asuntos Sociales y reclama:
- Cobertura inmediata de todas las vacantes y adecuación de plantillas a la carga real de trabajo.
- Mejoras retributivas y de clasificación para los administrativos y personal laboral.
- Medidas de salud laboral, como limitación de agendas y evaluación de riesgos psicosociales, ante la presión insostenible que sufren los trabajadores.
Por otro lado, la protesta trasciende lo administrativo. El lema «Vulnera derechos por discapacidad» resuena en un contexto donde se denuncian múltiples formas de discriminación, como los recientes casos de la ONCE que alertan sobre la negativa de acceso a personas con perro guía en transportes y comercios, un acto que califican como «doble discriminación».
En este contexto, se espera que las movilizaciones se recrudezcan con nuevas concentraciones y acciones de protesta en las próximas semanas, exigiendo a la Comunidad de Madrid y a la consejera Ana Dávila que detengan el «abandono y el robo» que denuncian los afectados y pongan fin a un colapso que ya se considera una «situación crítica» para el colectivo de personas con discapacidad en la región.





