La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado la venta del lujoso ático de 485 metros cuadrados adquirido en abril por su Gobierno en el céntrico barrio de Chamberí y que había desatado una fuerte polémica política. La decisión, que se produce apenas 24 horas después de que la compra fuera revelada por la prensa, busca, según el Ejecutivo regional, destinar los fondos obtenidos a la reconstrucción de las zonas devastadas por los recientes incendios en la Sierra Oeste de Madrid.
Sin embargo, la operación ha sido calificada por la oposición como un acto de «hipocresía» y un posible «desfalco del dinero público», mientras crecen las críticas incluso dentro del Partido Popular. La principal incógnita sigue siendo el precio real que la Comunidad de Madrid pagó por el inmueble, información que el Gobierno de Ayuso se ha negado a revelar hasta el momento.
Un ático de lujo y un precio sin revelar
La vivienda, situada en el paseo del General Martínez Campos, es un ático de lujo que cuenta con 485 metros cuadrados construidos, cinco dormitorios con baño y una terraza de 200 metros cuadrados que ha sido descrita como «una de las más singulares de Madrid». Las primeras imágenes del interior, difundidas por laSexta, muestran un inmueble con acabados de alto standing y un gran recibidor, lejos de la imagen de una oficina temporal que el Gobierno regional quiso justificar.
Aunque el valor de mercado del inmueble se estima en torno a los 6,6 millones de euros según portales inmobiliarios, el precio exacto de compra sigue siendo un misterio. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, afirmó que el ático, junto a otros cuatro inmuebles en la Gran Vía, se venderán por un paquete valorado en unos 20 millones de euros, mientras que Ayuso elevó la cifra a «20-22 millones». Estas declaraciones, sin embargo, han permitido calcular que el precio de venta del ático podría situarse entre los seis y los ocho millones de euros. La falta de transparencia sobre el coste de adquisición es una de las principales críticas de la oposición.
Críticas internas y externas
La compra del ático, realizada a través de la empresa pública Planifica Madrid y sin que se hubiera informado oficialmente durante tres meses, ha sido recibida con duras críticas. La oposición, encabezada por Más Madrid y el PSOE, ha denunciado la operación como un posible delito de malversación y ha exigido la dimisión de Ayuso. Más Madrid ha anunciado que llevará el caso a la justicia, mientras el PSOE ha solicitado visitar el inmueble y conocer el expediente completo de compra.
El malestar también ha llegado al propio Partido Popular. La diputada nacional del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, se ha convertido en la primera voz del partido en cuestionar abiertamente la decisión de Ayuso, afirmando en una entrevista: «Todavía no he entendido lo del ático». Esta declaración evidencia la incomodidad en Génova ante un escándalo que salpica a una de sus principales figuras y que genera un desgaste en plena crisis de los incendios.
El fondo de la cuestión
La justificación del Gobierno regional para adquirir el ático fue su uso como «oficina temporal» para la presidenta mientras se realizaban obras en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol. Sin embargo, esta explicación ha sido tachada de «increíble» e «hipócrita» por sus detractores, ya que el inmueble es una vivienda de lujo residencial sin licencia de oficinas. Además, la Comunidad de Madrid cuenta con decenas de oficinas y edificios vacíos o infrautilizados que podrían haber albergado al equipo de la presidenta sin necesidad de realizar una compra millonaria en una de las zonas más exclusivas de la capital.
La venta del ático, presentada como un gesto de responsabilidad para ayudar a los damnificados por los incendios, ha sido interpretada por la oposición como una maniobra para desviar la atención del escándalo. El anuncio precipitado de la venta y la opacidad sobre el precio de compra inicial no han hecho sino profundizar las sospechas sobre la gestión de los recursos públicos por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, generando una crisis política que amenaza con extenderse más allá de la propia Comunidad de Madrid.
