El gobierno de Isabel Díaz Ayuso deja sin ejecutar 279 millones de euros presupuestados para vivienda y rehabilitación en 2025, según los datos publicados este miércoles. Esta cifra supera los 273 millones que tampoco se emplearon en 2024. Estas partidas no ejecutadas contrastan con los desembolsos extra para sanidad, donde se destinaron, por ejemplo, 25 millones de euros de una ampliación de crédito a pagos a Quirón Salud, según la información disponible.
Desvío de fondos y destino a sanidad
Esta práctica de trasvase de fondos no es nueva. Una investigación reciente destapó que en 2022, el gobierno regional transfirió 191,23 millones de euros desde el remanente de tesorería de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), organismo encargado de las residencias de mayores, al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Esta inyección presupuestaria se justificó oficialmente para cubrir de forma «excepcional y urgente» los pagos de la «actividad asistencial llevada a cabo con medios ajenos».
Las cuentas de la sanidad privada
El destino final de estos fondos, tanto los recientes como los de ejercicios anteriores, se dirige principalmente a los hospitales públicos de gestión privada. Según un análisis, entre 2019 y 2024, el gobierno de Ayuso acordó pagar 2.354 millones de euros más de lo presupuestado a Quirón y Ribera Salud. Este sobrecoste ha hecho que la factura total con estas empresas por la gestión de cinco hospitales ascienda a 6.663 millones de euros en ese periodo, más de 1.300 millones al año.
Los contratos con estos hospitales, como los de Torrejón, Villalba, Móstoles y Valdemoro (Quirón) o Torrejón (Ribera), incluyen un sistema de financiación que los opositores al modelo califican de «virtuoso» para las empresas. Como recibe un pago directo por cada paciente que atrae de otros centros, su factura puede aumentar significativamente por encima del presupuesto inicial, generando continuas ampliaciones de crédito. Un portavoz de Quirón argumenta que este desfase se debe al sistema de liquidaciones de actividad, que se abonan con retraso, y que la actividad de sus hospitales ha estado «sistemáticamente infravalorada».
Inversión pública en diferentes áreas
Por otro lado, el gobierno regional también ha anunciado fuertes inversiones en ciertos municipios. En Valdemoro, por ejemplo, se presentó una inversión global de más de 230 millones de euros que incluye la promesa de 500 nuevas viviendas de alquiler asequible. Esta declaración contrasta con los cientos de millones no ejecutados a nivel regional en políticas de vivienda.
Una polémica institucionalizada
La polémica sobre la financiación de la sanidad privatizada es recurrente. La Consejería de Sanidad defiende la legalidad de todos los movimientos, insistiendo en que las ampliaciones de crédito son «parte del normal funcionamiento» de los contratos y del sistema de libre elección, del que se benefician «1,2 millones de madrileños».
Sin embargo, diputados de la oposición como Carlos Moreno (PSOE) o Marta Carmona (Más Madrid) denuncian que este modelo «favorece de forma deliberada» a los hospitales privados, creando una «competencia desleal» con los centros de gestión pública, que operan con presupuestos muy ajustados y sin la misma flexibilidad para ampliar actividad y facturación.
