Auditoría ciudadana desvela una presunta fragmentación masiva de contratos en los hospitales de Madrid

Un análisis independiente calcula que en 2024 se pudieron «trocear» más de 200 millones de euros para eludir la licitación pública, beneficiando a un puñado de empresas

Se cifra en 818 millones el posible sobrecoste por esta práctica entre 2016 y 2020, mientras denuncias ante Fiscalía y Tribunal de Cuentas no prosperan

Una investigación ciudadana basada en el análisis de datos de contratación pública ha puesto cifras a una práctica presuntamente sistematizada en la sanidad madrileña: el «troceamiento» de contratos. Según el estudio realizado por el investigador independiente Óscar H. (usuario @ciudadano_o2), solo durante el año 2024 y únicamente en los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, más de 200 millones de euros en contratos pudieron ser fragmentados para adjudicarlos como «contratos menores», una figura que permite sortear los procedimientos de licitación pública con garantías de publicidad y competencia.

El análisis, que ha desatado un amplio debate en redes sociales con miles de interacciones, señala además que 20 empresas concentrarían alrededor del 50% de ese volumen total de contratación, lo que apunta a una notable concentración del gasto público en un reducido grupo de adjudicatarios, principalmente grandes multinacionales del sector sanitario.

¿En qué consiste el «troceamiento»?

La fragmentación de contratos es una práctica que consiste en dividir una necesidad de contratación en lotes más pequeños, de forma que cada uno no supere el umbral legal que define un «contrato menor». Actualmente, este límite está fijado en 50.000 euros (IVA excluido) en obras y 15.000 para servicios y suministros para las administraciones públicas en España.

El objetivo de esta maniobra sería eludir los procedimientos de licitación pública más estrictos y transparentes que la ley exige para contratos de mayor cuantía. Mientras un contrato ordinario requiere publicidad, concurrencia y un expediente administrativo completo, los contratos menores están sujetos a una regulación formalmente menos rigurosa, lo que agiliza su adjudicación directa pero reduce los controles.

Patrones sistémicos y casos concretos

La investigación ciudadana no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un patrón ampliamente documentado por medios de comunicación y por la propia asociación Audita Sanidad. Según un informe de esta organización, hasta el 99.5% de la contratación de la Consejería de Sanidad entre 2016 y 2020 se realizó mediante contrato menor, desvirtuando una figura concebida para compras urgentes o de muy bajo importe.

El análisis de casos concretos revela un modus operandi recurrente:

• Hospital Gregorio Marañón: La empresa Medtronic Ibérica habría recibido 10.471 contratos (el 91% de ellos, menores) entre 2016 y 2024, por un valor total de 89,3 millones de euros. Un ejemplo flagrante sería la compra de marcapasos por 4,6 millones, dividida en 281 contratos menores de 14.999 euros cada uno, justo por debajo del límite legal de la época (15.000€ para suministros).
• Hospital Ramón y Cajal: La empresa Pinturas Rosell SL habría sido adjudicataria de 1.641 contratos entre 2016 y 2025, sumando 4,7 millones de euros, sin que mediara un concurso público.
• Hospital Clínico San Carlos y La Paz: Se documentan cientos de facturas a Siemens y Medtronic, respectivamente, por un mismo concepto de material sanitario, sumando en cada caso alrededor de 1,6 millones de euros en un solo año (2020).

Consecuencias: despilfarro, opacidad e impunidad

Las implicaciones de esta práctica generalizada son graves y de amplio alcance:

1. Sobrecoste millonario: Audita Sanidad estima que la ausencia de competencia derivada de la adjudicación directa genera un sobrecoste medio del 25%. Extrapolando este porcentaje, calculan que el posible despilfarro en la sanidad madrileña entre 2016 y 2020 ascendió a 818 millones de euros.
2. Opacidad y falta de control: La opacidad es inherente al sistema. Las facturas de estos contratos suelen incluir descripciones genéricas («material sanitario», «reparaciones»), lo que impide saber exactamente qué se compra y a qué precio unitario. Esta falta de trazabilidad dificulta enormemente el control interno y externo.
3. Denuncias sin recorrido: Pese a haber presentado sus informes ante la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas, los responsables de Audita Sanidad alegan que las denuncias «han caído en saco roto». La justicia argumenta la falta de pruebas directas de un delito de corrupción, ya que la fragmentación per se no es ilegal; se requiere demostrar una intención fraudulenta, algo complejo de probar.
4. Contexto de gestión cuestionada: Esta situación se produce en un escenario más amplio de problemas de control. Recientemente, un informe interno del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso detectó «incumplimientos» y «errores» en la gestión económica de siete hospitales públicos gestionados por privadas. Paralelamente, el Ministerio de Sanidad ha alertado sobre los riesgos que el crecimiento de esta fórmula mixta supone para el control del gasto público.

Mientras, la pregunta que flota en el ambiente es si estas nuevas cifras, más recientes y concretas, servirán para reabrir investigaciones o impulsar cambios normativos que cierren los resquicios legales que permiten el «troceamiento» sistémico. La transparencia y la eficiencia del gasto público en salud, un ámbito sensible y vital para la ciudadanía, están en juego