Por B. Rojas
Es evidente que la gente sale a la calle por Palestina y que la preocupación por la flotilla es real, legítima y urgente. Lo incomprensible es la absoluta inacción de los gobiernos.
Por mucho menos, en otros contextos, se han cerrado embajadas, se han roto relaciones diplomáticas o se han tomado medidas ejemplares. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué tan fuerte ata el dinero y los intereses económicos como para que los políticos miren hacia otro lado mientras se comete una masacre retransmitida en directo?
Cada minuto que pasa son vidas humanas que se pierden, familias enteras que desaparecen bajo los escombros, niños que jamás conocerán la paz. Eso tiene un nombre: genocidio. Y lo más indignante es ver cómo las instituciones que deberían proteger los derechos humanos se convierten en cómplices pasivos, cuando no en encubridores. Además, no hablamos solo de un pueblo lejano: ciudadanos compatriotas están siendo detenidos ilegalmente, conculcando todo principio de justicia y derecho internacional. ¿De verdad no merece eso una reacción contundente de nuestro Estado? ¿Dónde queda la obligación de proteger a los propios ciudadanos cuando son perseguidos injustamente?
La sociedad civil está respondiendo con manifestaciones, protestas y campañas. La pregunta incómoda es: ¿por qué los gobiernos no actúan con la misma claridad? ¿Por qué se tolera lo intolerable? La historia juzgará esta cobardía y complicidad. Hoy, callar equivale a ser cómplice.
