El autoproclamado libertario, que promete dinamitar al Estado, queda señalado junto a su hermana en un escándalo que afecta a los sectores más vulnerables
El último terremoto político en Argentina ha puesto contra las cuerdas al Gobierno de Javier Milei. Lo que estalló como la filtración de unos audios terminó convertido en una denuncia judicial que apunta directamente al presidente, a su hermana y mano derecha, Karina Milei, y a uno de los clanes políticos más viejos del país, los Menem.
La sospecha es demoledora: sobornos en la compra de medicamentos destinados a programas de asistencia para personas con discapacidad. El esquema descrito en las grabaciones tiene poco de ideológico y mucho de lo que Milei decía combatir: comisiones ilegales, negocios opacos y reparto de dinero público entre amigos y parientes.
El nombre de Karina Milei aparece en los audios como posible receptora de un tres por ciento de las operaciones con una farmacéutica. Un mordisco directo a fondos destinados a quienes más dependen del Estado para sobrevivir. La respuesta del presidente fue apartar de su cargo al responsable de la agencia implicada, pero la jugada sonó más a maniobra de contención que a gesto de transparencia.
La denuncia no se quedó corta. Además de los hermanos Milei, el juez investiga al primo de Martín Menem y a los directivos de la empresa proveedora, de cuya sede salió dinero en efectivo suficiente como para llenar una maleta. Todo encaja demasiado bien en la caricatura de los negocios turbios que Milei atribuía a “la casta”, esa misma casta que ahora parece instalada en su propio despacho presidencial. Mientras tanto, el presidente guarda silencio. Ni una palabra sobre las acusaciones, ni un gesto hacia las familias afectadas. Sus aliados se limitan a decir que todo es una operación política, justo el comodín que han utilizado todos los gobiernos corruptos de la región cuando el escándalo les salpicaba demasiado cerca. Y lo cierto es que no es la primera vez que la sombra de la corrupción se cierne sobre Milei: su coqueteo con la criptomoneda $LIBRA ya había levantado sospechas hace unos meses, tras hundir a pequeños inversores que confiaron en su palabra.
Lo más obsceno de este caso no es solo la posibilidad de que un Gobierno se reparta mordidas a costa del dinero público, sino el hecho de que lo haga en un área tan sensible como la asistencia a personas con discapacidad. En un país con pensiones recortadas, familias exhaustas y protestas en las calles, lo que aparece en los expedientes judiciales es un retrato de la crueldad neoliberal en su versión más descarnada: quitarle recursos a quienes no tienen voz para defenderse. Milei construyó su carrera política a base de gritos contra los políticos tradicionales, posando como outsider dispuesto a barrer privilegios. Pero el velo ha durado poco. Detrás del disfraz de libertario radical emerge un clásico vendedor de humo, rodeado de familiares, empresarios oportunistas y viejos apellidos del poder argentino. Un presidente que prometía quemar la casta y que, a la primera de cambio, se sienta a la mesa con ella para repartirse la tarta.
El escándalo aún está en los tribunales, pero lo que ya está claro es que la historia vuelve a repetirse: la extrema derecha disfrazada de antisistema no llega para liberar a nadie, sino para convertir el Estado en un botín más. Y cuando ese botín incluye medicamentos de los que dependen miles de personas con discapacidad, la palabra “estafa” se queda corta.
